A su suerte y a lo que le depare el destino, estan predestinados los migrantes que cruzan el Tapón del Darién, en la frontera con Panamá, porque no se está cumpliendo con la atención de estas personas, que sufren toda clase de vejámenes y de violencia, en su afán de modificar y cambiar su vida y la de sus familias.
En los siete meses que lleva el Gobierno de Petro, el desamparo de los migrantes sigue a su suerte, porque no ha sido, ni siquiera, instalada un oficina de Migración Colombia ni se ha fortalecido la presencia institucional, necesaria para para ordenar y hacer segura esta migración, que va en contra de todos los derechos de esa población que busca mejorar sus condiciones de vida.
Cruzar el Tapón del Darién, es un infierno para los migrantes, porque es la región más intransitable y peligrosa de América Latina, pero que acorta en dos la Ruta Panamericana, lo que hace que muchos migrantes la tomen para llegar a los Estados Unidos.
El Tapón del Darién es un bloque vegetal que se extiende en la frontera entre los países de Panamá y Colombia y en este sitio, por su complejidad, existe una selva impenetrable, con un clima inhóspito e inmisericorde, que obstaculiza la carretera Panamericana; durante años se ha querido construir pero ha sido imposible por las condiciones climáticas tan adversas y drásticas. Esta región está considerada como uno de los lugares más biodiversos del planeta; sin embargo, su densa vegetación se ha convertido en el telón propicio para el paso irregular de migrantes y el narcotráfico, en donde no penetra ninguna clase de autoridad, lo que hace indomable ese territorio.
En febrero, de acuerdo con datos publicados por organismos nacionales colombianos y panameños, al menos 21.307 migrantes cruzaron en enero pasado el Tapón del Darién, una cifra que es cuatro veces mayor que la de 4.702 personas registrada en el primer mes de 2022. En todo 2022, entre tanto, cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá 248.284 personas, de las cuales 150.327 eran venezolanas, 29.356 ecuatorianas, 22.435 haitianas, 5.961 cubanas y 5.064 colombianas.
En esa línea, desde hace mucho tiempo, las alertas están prendidas y nadie las ha oído; tampoco se las han apropiado ni han sido acatadas y peor aún, no hay avances en las acciones, planes y programas que se deben brindar para esta población en el marco de la política integral migratoria.
Aquí la responsabilidad es de todo el órgano institucional, nacional y político. La Cancillería, no ha hecho avances para mitigar la situación que viven los migrantes, ni ha puesto un centro de atención para estas personas en Necoclí, municipio ubicado en el departamento de Antioquia y punto de tránsito de muchas personas que cruzan el Darién para llegar a Norteamérica. Igualmente, no se debe dejar de lado, la ausencia de una atención a los fenómenos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, que suceden en el noroeste de Colombia, y que también son resortes de todo el gobierno nacional y de sus instituciones.
Es lamentable que las autoridades nacionales y territoriales no adopten acciones para su prevención y para su judicialización, lo que termina siendo un atentado contra el principio de progresividad, ya que es obligación del Estado garantizar la continuidad en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos.
