El país entero estaba esperando el pronunciamiento colombiano, después de que el gobierno de Petro, en un primer momento, apoyara a Nicaragua para evitar sanciones internaciones, lo que generó una serie de críticas internas en el país, debido a que esa nación sigue teniendo interés en apropiarse del departamento de San Andrés Islas.
La historia dolorosa que vivió en país durante el gobierno de Juan Manuel Santos, todavía es recordada, infortunadamente; durante este periodo presidencial Colombia perdió una cantidad considerable de territorio marítimo sobre San Andrés Islas, siendo anexado a Nicaragua, con todas las riquezas submarinas, lo que sin duda causo también estragos en los pescadores colombianos, que viven con la limitación de pesca, ahora en el mar de Nicaragua. Ojala todo lo anterior hubiera quedado ahí; ahora, también gracias a la desastrosa gestión de la ministra de Relaciones Exteriores de ese entonces, María Angela Holguín, Nicaragua sigue insistiendo, ahora, no solo sobre el mar territorial, sino también sobre el mismo departamento colombiano.
Cuando el presidente Petro asumió la presidencia, se puso del lado de Nicaragua, ante el conflicto de este país en la Onu; en Colombia estalló el escándalo y retiraron ese apoyo, gracias a Dios, es que ese problema de la afinidad política e ideológica, va por encima de cualquier interés de los países.
En buena hora el Gobierno de Colombia repudió, el jueves pasado, los dictatoriales procederes de Nicaragua, que retiró la nacionalidad a 317 personas, y pidió a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, Mirjana Spoljaric, que solicite autorización para visitar a los que siguen detenidos y no se exiliaron. Colombia, que en las últimas décadas ha luchado sin desmayo por alcanzar la paz, mucho más ahora que se propone ser potencia mundial de la vida, rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza.En las últimas semanas, 317 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega, junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero. En una nueva lista de 94 nicaragüenses declarados apátridas, figuran también los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como el excomandante de la revolución Luis Carrión.
Según la resolución del magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, estos nicaragüenses habían sido acusados por el Ministerio Público por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y de la comunicación, todo en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
Ojalá el gobierno colombiano se demarque de la dictadura nicaragüense, como este primer paso dado. Colombia manifestó su repulsión a las medidas tomadas de manera arbitraria por el presidente Ortega contra personas cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales. “Tras haber exiliado de manera sorpresiva e inhumana a conciudadanos suyos, algunos reconocidos por sus luchas por la comunidad internacional, todo ello haciendo uso de vulgares medidas de policía, queda en la sagrada tierra nica quien logró señalar que afuera nunca", expresó el Gobierno colombiano en referencia al obispo Álvarez. Vaya vaya, reaccionando por fin. A renglón seguido, el mismo comunicado agrega que la "lección para el mundo y para el actual jefe de Gobierno de Nicaragua. De contera, la patriótica decisión del señor obispo fue respondida con una condena de veintiséis años de prisión". Por ello, en el comunicado, el Gobierno de Gustavo Petro pidió la visita de Spoljaric porque "el Derecho internacional Humanitario los cobija". "El autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república ha infringido normas ius cogens. Aquellas de las cuales se ha definido que son imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia. Precisamente aquellas de cuyas violaciones debe conocer la Corte Penal Internacional", finaliza el comunicado, que seguramente causará malestar en Nicaragua.
