Los funcionarios públicos deben entender que no son eternos y que primero debe primar la ética y la confianza para poder adelantar con propiedad y representación el cargo que están ejerciendo; mal hacen en atornillarse a un puesto y querer aprovecharse desde ahí, para resolver una situación personal, en donde no se debe involucrar el país y sus intereses.
Es así, que ahora, en este gobierno con funcionarios de altos cargos cuestionados por su ética, y por sus dudosas capacidades para ejercer el cargo, se pone en riesgo las relaciones con un país, afectando también el buen nombre de Colombia y sus intereses.
En el caso del ministro de Defensa, Iván Velásquez, ¿por qué Colombia debe responder por las actuaciones de este funcionario? Sí Velásquez, como jurista que es, tiene en alto los conceptos de ética y moralidad, entonces que renuncie para enfrentar los cargos en Guatemala, sin afectar los intereses de la Nación. El país no tiene por qué defender a nadie; solo son defendible los derechos y los intereses de los colombianos y eso, debe ser contundente y con toda la firmeza del caso.
El ministro colombiano, es, precisamente, un colombiano que debe afrontar su proceso, sin ostentar ningún título; el solito se metió en el problema y solito debe responder, sin llevarse a cuesta el buen nombre de un país. Desde que fue nombrado como Ministro de Defensa, se conoció de su problema jurídico en el exterior, y, a pesar de todo, se posesionó, ya que la Presidencia de la República, consideró que no había inconveniente. La vida sigue su curso y el Ministerio Público, MP, Fiscalía de Guatemala aseguró que emprenderá acciones legales contra Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia, por su desempeño frente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad, Cicig.
El señalamiento contra el ministro Velásquez lo hizo el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche dentro del caso de corrupción que vincula a la constructora brasileña Odebrecht, por el cual fueron solicitadas tres nuevas órdenes de captura contra exfuncionarios de la Fiscalía y de la Cicig. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el excomisionado de Cicig, Iván Velásquez, y así debe ser, dar ejemplo y concurrir cuando lo requiera la justicia. En este enredo judicial al que quieren llevar a Colombia, también está involucrada la abogada colombiana, Luz Camargo Garzón, quien fungió como investigadora de estructuras de corrupción en Guatemala.
Velásquez es acusado de permitir la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos, con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht en 2017. Velásquez, de 67 años, fue jefe de la Cicig en Guatemala entre 2013 y 2017, período durante el cual fueron desmanteladas decenas de estructuras de corrupción que operaban dentro de instituciones gubernamentales. En 2022, el fiscal Curruchiche, de Guatemala, anuló los testimonios que los empresarios brasileños habían brindado en 2017, donde acusaban al ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al excandidato presidencial Manuel Baldizón de recibir sobornos de Odebrecht equivalentes a 18 millones de dólares a cambio de otorgar proyectos a la constructora.
El pasado 12 de enero, la organización estadounidense Human Right Watch lanzó un informe que señala al Gobierno presidido por Alejandro Giammattei de profundizar el deterioro de la democracia e impedir la rendición de cuentas por la corrupción generalizada.
Mientras se presentan toda clases de pruebas, de acusaciones ciertas o falsas, la verdad, es que el Presidente Petro debe retirar el ministro y dar un ejemplo de moralidad y ética ante los colombianos y así Velásquez queda en libertad y sin responsabilidad de su alto y delicado cargo, para defenderse con más tranquilidad y despejar de una vez por todas cualquier circunstancia anómala a la buena conducta y el buen proceder.
