Si hay un gobierno amigo de Colombia, por afinidad política, es el de Nicaragua, en donde el dictador Daniel Ortega Saavedra, cuya vicepresidenta es su esposa, Rosario Murillo, instalándose en el poder creando una empresa familiar que dirige el ex guerrillero y político nicaragüense, actual presidente de la República de Nicaragua desde el 10 de enero de 2007, y líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, Fsln, desde 1991.
En este marco de relaciones solo nos falta que Petro también se perpetúe en el poder y nombre a su carismática esposa, Veronica Alcocer, como su vicepresidenta. Hay muchas afinidades, pensamientos ideológicos y políticos que tienen el mismo fin y muchas características familiares, que también se pueden dar peligrosamente, entre los gobiernos de Colombia y Nicaragua.G
Todas estas analogías son las que tiene preocupados al país y que ven con pesimismo la forma como el gobierno colombiano piensa encarar el desastre dejado por el ex presidente Juan Manuel Santos y su Canciller, María Ángela Holguín, que entregaron a Nicaragua gran porción de Mar Continental sobre San Andrés y sus islas y que ahora, según las pretensiones del amigo de presidente Petro, exigen la posesión sobre ese suelo marino y su incalculable riqueza. Colombia defendió ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, en la disputa abierta con Nicaragua, que la plataforma continental reclamada por Managua como un derecho “no” puede extenderse legalmente dentro de las 200 millas náuticas de Colombia, en respuesta a preguntas planteadas por este tribunal.
Nicaragua defendió su posición sobre la controversia con Colombia por la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense; los argumentos de Colombia han sido de triple naturaleza: legal, técnica e institucional, pero en esta primera vuelta de alegatos orales sólo puede centrarse en dos preguntas planteadas por la CIJ: primero, si -según el derecho internacional consuetudinario- puede el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas de su costa extenderse dentro de las 200 millas náuticas de otro Estado. En ese caso ¿puede la demanda de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas cruzar y amputar los derechos de otro Estado dentro de sus 200 millas náuticas de costa marítima? Una respuesta corta es: no.
Aquí es cuando hay que aclarar que la CIJ les pidió aclarar si existen criterios en el derecho internacional consuetudinario para determinar el límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Nuevamente, la respuesta corta de nuevo: no y esta es la postura colombiana.
Hay que ser más enfáticos y decididos en la defensa de los bienes e intereses de la Nación, a pesar del amiguismo presidencial con el dictador de Nicaragua; la defensa debe ser una postura que se ajuste a la ley del mar y este firmemente respaldada por la práctica de los Estados, y esté en línea con los puntos de vista de los Estados vecinos del mar Caribe que han protestado contra la petición desorbitada de Nicaragua.
Las dos preguntas planteadas son preliminares que no entran a discutir delimitaciones marítimas ya que Nicaragua trató la delimitación marítima y no hay razón para que el agente nicaragüense considere lo que constituye una solución equitativa.
Colombia es el primer país, y ojalá el último, que tendrá que defenderse en un caso en el que la totalidad del área supuestamente relevante se ubica más cerca de su costa que la del solicitante, pero debe seguir participando en los procedimientos judiciales ante la CIJ para defender su posición. El país debe esperar que cuando este procedimiento finalice, el tribunal haya confirmado lo que ya ha dicho en 1995, que la prolongación natural no podría nunca estar dentro de las 200 millas náuticas de otro Estado.
El litigio entre Colombia y Nicaragua dio un giro hace 10 años con el fallo de la CIJ que modificó los límites entre los dos países en el Mar Caribe pero, lejos de zanjar la cuestión, dio pie a nuevas demandas ante ese tribunal. En 2012, por un caso presentado en 2001 por el país centroamericano, Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los cayos que lo integran, y conservó 12 millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar. Gracias presidente Santos y Canciller Holguín.
En respuesta, Colombia contra demandó, alegando que Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, pues sus bancos de pesca tradicionales quedaron fuera de las 12 millas náuticas estipuladas en el fallo anterior.
