Una petición conveniente

Editorial
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El gobierno nacional espera  una pronta respuesta de la Organización de las Naciones  Unidas, para seguir en el proceso del cumplimiento de los acuerdos de paz.

En este marco, el presidente Duque pidió al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, extender la misión encargada de la verificación de la paz en el país para que esta haga un seguimiento a la aplicación de sanciones por parte de la justicia transicional.

La justicia transicional emana de la rendición de cuentas y de la reparación para las víctimas. Reconoce su dignidad como ciudadanos y como seres humanos; debe hacer caso omiso de los abusos masivos es una salida fácil, pero destruye los valores en los que cualquier sociedad digna debe asentarse.

La justicia transicional plantea las preguntas jurídicas y políticas más difíciles que se puedan imaginar y debe priorizar la atención a las víctimas y su dignidad, señalando el camino que debe seguir un compromiso renovado con la seguridad de los ciudadanos corrientes en su propio país, para protegerlos verdaderamente de los abusos de las autoridades y de otras violaciones de derechos; de ahí radica la importancia de la presencia de la ONU, en nuestro país, que a la vez hace parte como garante de este proceso.

El país es consciente del trabajo que ha desarrollado este  gobierno en esta materia, a pesar de las voces detractoras que  aluden una situación inversa; con esta petición se desvirtúan todos esas voces malquerientes.

Esta petición es de vital importancia por que dejará en claro que el gobierno viene cumpliendo con el propósito de cumplir con la paz y de paso desmentir y acallar las voces de los malquerientes y de la oposición, que aducen la falta de compromiso del gobierno actual con el proceso de paz que todavía esta incipiente y en camino de avanzar.  

 La petición al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas para que extienda el mandato de la Misión de Verificación que tiene en Colombia, se hace con la finalidad de hacerle un seguimiento minucioso y se verifique la aplicación de sanciones por parte de la justicia transicional y que se verifique el cumplimiento efectivo de las mismas.

Además con esta petición se espera que  también sea conocida por el Consejo de Seguridad de la organización,  porque está orientada a que se cumplan los principios de verdad, justicia y reparación y no repetición, que ese es un paso que el país quiere dar para garantizar efectividad en las sanciones.

En septiembre pasado el Consejo de Seguridad de la ONU acordó prorrogar por otro año y sin cambios la misión de la organización encargada de verificar el cumplimiento de las partes de los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y las Farc.

Hasta ahora, el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas ha mostrado siempre un amplio consenso en todo lo relacionado con el proceso de paz colombiano y respalda la labor de la misión puesta en marcha en 2017.

Su cometido es verificar el cumplimiento de parte de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, sobre todo la reintegración de los antiguos combatientes, un trabajo con el que la ONU da continuidad al esfuerzo que ya había hecho previamente para supervisar el proceso de alto el fuego y abandono de las armas al que se comprometió la guerrilla.

Del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado a instancias del acuerdo paz, hacen parte la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas y la Justicia Especial Para la Paz.

En los últimos meses, el Consejo de Seguridad ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por la situación en algunas áreas de Colombia, sobre todo por los repetidos asesinatos de líderes comunitarios y de ex combatientes de la guerrilla, actos criminales que han nacido como retaliación de  los mismos grupos al margen de la ley, que  siguen  siendo generadores de violencia, con el asesinato sistemático de líderes sociales, para achacárselos al gobierno nacional y crear un ambiente negativo sobre las actuaciones del gobierno nacional.



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