Rigurosidad con la especulación

Editorial
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Venezuela sigue en su encrucijada y con el 'cinturón apretado'. Ahora el presidente Nicolás Maduro anunció que aplicará con absoluta rigurosidad una ley que fija en un máximo de 30% los márgenes de ganancia de las empresas en Venezuela y dijo que la modificará con el fin de incluir penas más severas para castigar delitos vinculados a la fijación de precios.

 

Maduro indicó que las nuevas sanciones en esencia buscan incrementar la severidad de las penas para combatir la especulación. El monto de las multas se fijará considerando el ingreso neto de las empresas, bajo el argumento de que desde que se promulgó originalmente la ley se ha detectado que los infractores pagaban la multa y volvían a reincidir, alentados por los ingresos resultantes del aumento desmedido de precios.

Igualmente  elevarán las penas de cárcel, porque la ley en tiempo de guerra económica, debe volverse implacable.  La Ley de Precios Justos ya contemplaba penas de prisión de entre 10 y hasta 14 años para castigar, entre otros delitos, el contrabando de extracción.

Maduro introdujo a principios del 2014 dicha ley, la cual establece ganancias máximas de 30% para los empresarios, y creó una Superintendencia Nacional de Precios Justos con el fin garantizar el cumplimiento de la nueva regulación, que forma parte de un esfuerzo para corregir los efectos de la guerra económica que, según el mandatario, empresarios y adversarios políticos habrían desatado desde su llegada al poder para generar malestar entre los venezolanos y desestabilizar su gobierno.

Desde fines de ese año las autoridades también han intensificado las inspecciones y sanciones a los comercios para evitar la especulación, el acaparamiento y combatir el contrabando. Sin embargo, hasta ahora esas medidas no han logrado detener el avance de la inflación, al tiempo que los problemas de desabastecimiento se han agudizado.

En Venezuela está vigente desde hace 12 años un control de cambio y operan tres tasas oficiales, así como una cuarta del mercado negro, ampliamente utilizada para establecer muchos de los precios de los bienes. El país es altamente dependiente de las importaciones, las cuales suplen más de la mitad de los alimentos procesados y una amplia gama de productos que se consumen aquí.

 

Desde 2006 los venezolanos vienen enfrentando problemas de desabastecimiento, pero en los últimos dos años la escasez se ha agudizado debido a que el gobierno redujo la venta de divisas oficiales, lo que le ha impedido a muchas empresas comprar en el exterior materias primas, repuestos y equipos.

Según críticos del gobierno, el control de los precios de productos de primera necesidad, los engorrosos trámites para transportar o almacenar los productos y las expropiaciones de empresas desalientan las inversiones y constituyen las principales causas de la escasez.

En los últimos nueve años Venezuela ha registrado una de las mayores tasas de inflación de la región a pesar de tener control de precios y cambio desde 2003. El año pasado fue de 68,5%, y analistas estiman cerrará el año en tres dígitos.

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