Comunicadores de Santa Marta advirtieron sobre los riesgos que enfrenta el periodismo en Colombia tras la desaparición y presunto asesinato del joven reportero antioqueño.
Por: Karoll Torres
Redacción EL INFORMADOR.
La desaparición y presunto asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda continúa generando conmoción nacional y fuertes reacciones dentro del gremio periodístico colombiano. El joven comunicador, director del medio digital El Confidente de Yarumal, Antioquia, desapareció el pasado 5 de mayo de 2026 cuando se dirigía hacia la vereda Palmichal, en el municipio de Briceño, para realizar labores de reportería relacionadas con el conflicto armado y la situación de orden público en la zona.
Según versiones de autoridades y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, Mateo habría sido interceptado por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC, estructura ilegal que delinque en esa región del norte antioqueño.
El caso despertó rechazo entre periodistas, defensores de derechos humanos y autoridades, quienes nuevamente alertaron sobre la vulnerabilidad del ejercicio periodístico en zonas afectadas por la violencia. Incluso, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa para dar con los responsables.
Ante esta situación, EL INFORMADOR consultó a periodistas samarios sobre la desaparición del comunicador y los riesgos que actualmente enfrenta el oficio en Colombia.
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“Nos estamos convirtiendo en objetivos”
El periodista Luis Fernando Iguarán aseguró que lo ocurrido con Mateo Pérez refleja una realidad que históricamente ha acompañado al periodismo colombiano, pero que hoy se ha intensificado por distintos factores.
“El riesgo para los periodistas siempre ha existido, pero hoy es aún mayor porque no solamente están los grupos armados ilegales, sino también organizaciones criminales y delincuenciales que pueden tomar represalias por una información, una investigación o incluso una opinión”, señaló.
Iguarán también advirtió que la polarización política ha incrementado la vulnerabilidad del gremio.
“Ya no se trata únicamente de actores ilegales. Cualquier persona, movida por fanatismos o posturas extremas, puede convertir a un periodista en objetivo. Estamos viviendo una situación bastante preocupante”, afirmó.
Además, sostuvo que en muchas regiones los periodistas enfrentan no solo amenazas armadas, sino también presiones políticas y administrativas.
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“Primero está la vida”
Por su parte, el periodista Juan Alberto Guzmán Maciel manifestó que ejercer el periodismo en Colombia históricamente ha implicado altos niveles de riesgo, especialmente en territorios afectados por el conflicto armado.
“En un país como Colombia, que siempre ha sido conflictivo, esta profesión tiene un nivel de peligrosidad alto, sobre todo en zonas complejas como Antioquia, el Cauca o el Catatumbo”, expresó.
Guzmán también hizo énfasis en la responsabilidad que implica informar desde plataformas digitales y redes sociales, insistiendo en que la preparación y la prudencia son fundamentales en el ejercicio periodístico.
“Grandes maestros como Juan Gossaín siempre enseñaron que primero está la vida y no la chiva. Informar es importante, pero también lo es entender que no somos jueces ni fiscales”, indicó.
El comunicador agregó que el Estado colombiano debe fortalecer las garantías para el periodismo y proteger el derecho a informar libremente.
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“Silenciar periodistas sigue siendo una realidad”
A su vez, el periodista Carlos Landazuri calificó el caso como una muestra del poder que aún mantienen los grupos armados en varias regiones del país.
“Es inaceptable que en Colombia se siga asesinando periodistas y que continúe repitiéndose la historia de silenciar a quienes ejercen su labor de informar”, expresó.
Landazuri sostuvo que la desaparición de Mateo Pérez evidencia la ausencia del Estado en territorios donde estructuras ilegales continúan imponiendo control y miedo.
“Cada vez que asesinan a un periodista, todo el gremio queda bajo amenaza porque se envía un mensaje de censura y temor contra quienes investigan y cuentan la realidad”, afirmó.
Finalmente, coincidió en que el caso debe generar una reflexión nacional sobre la necesidad de fortalecer la libertad de prensa y las garantías de seguridad para los comunicadores en Colombia.
