El uniformado, adscrito a la Policía Metropolitana de Bogotá, fue sancionado tras comprobarse que utilizó su posición jerárquica para acosar verbalmente y mediante mensajes con connotación sexual a una uniformada en 2022.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 15 años al intendente de la Policía Metropolitana de Bogotá, Julio César Aguirre Nieto, tras hallarlo responsable de hostigamiento y asedio sexual contra una uniformada bajo su mando.
La decisión, emitida en fallo de primera instancia por la Procuraduría Distrital de Juzgamiento, estableció que el servidor público aprovechó su posición como jefe inmediato para ejercer conductas reiteradas de acoso durante la vigencia 2022. Según la investigación disciplinaria, Aguirre Nieto realizó insinuaciones de carácter amoroso y sexual tanto de manera verbal como a través de mensajes enviados al teléfono celular de la víctima, utilizando términos inapropiados y con clara connotación sexual.
El Ministerio Público verificó que estas actuaciones constituyeron un abuso de poder derivado de su jerarquía dentro de la institución, generando un ambiente de intimidación y vulnerando los derechos fundamentales de la uniformada. La autoridad disciplinaria concluyó que el intendente incurrió en conductas que configuraron coacción y violencia sexual, afectando la dignidad, integridad y respeto que deben prevalecer en el ejercicio de la función pública.
Asimismo, el organismo de control determinó que el disciplinado vulneró principios esenciales que rigen el servicio público, entre ellos la moralidad, la honorabilidad y el respeto por la dignidad humana, considerados pilares fundamentales en el desempeño de los servidores del Estado.
Como resultado del proceso disciplinario, la Procuraduría calificó la falta como gravísima y cometida a título de dolo, al establecer que el intendente actuó con plena conciencia de la ilicitud de sus actos y de las consecuencias que estos podían generar. En consecuencia, impuso la sanción de destitución del cargo e inhabilidad general por 15 años, lo que le impide ejercer funciones públicas durante ese periodo.
La decisión reafirma el compromiso del organismo de control con la protección de los derechos de las víctimas y el fortalecimiento de la disciplina institucional, especialmente frente a conductas que atenten contra la integridad y dignidad de los miembros de la Fuerza Pública.
