Autoridades y pueblos Wayuu avanzan en ruta legal para resolver tensiones por uso de camino ancestral en proyecto energético.
Una situación de tensión en el departamento de La Guajira, generada por el cierre de un territorio ancestral, comenzó a encaminarse hacia una solución institucional tras la instalación de una mesa de diálogo entre comunidades indígenas y entidades del Estado.
El espacio fue promovido por la Gobernación, bajo el liderazgo del gobernador Jairo Aguilar Deluque, con el objetivo de atender las solicitudes de 21 comunidades Wayuu que manifestaron preocupaciones frente al uso de un camino ancestral vinculado al proyecto eólico Windpeshi.
La articulación estuvo a cargo de la Secretaría de Asuntos Indígenas Departamental, dirigida por Oriana Zambrano, que facilitó el encuentro entre las autoridades tradicionales, instituciones nacionales y empresas involucradas.
Durante la jornada, las comunidades indígenas invocaron su derecho a la consulta previa, argumentando posibles impactos sobre su territorio. En respuesta, las autoridades promovieron un espacio de escucha activa y revisión de información para canalizar el caso por las vías legales correspondientes.
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En la mesa participaron representantes de Ecopetrol, la organización Nación Wayuu, la Defensoría del Pueblo, así como delegados del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio del Interior, a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.
Uno de los puntos clave del encuentro fue aclarar que la decisión sobre la procedencia de la consulta previa recae exclusivamente en esta autoridad nacional, que deberá evaluar los elementos técnicos y jurídicos del caso.
Desde la administración departamental se enfatizó que este tipo de espacios no reemplazan el proceso de consulta previa, sino que buscan organizar la información, garantizar la participación de las comunidades y evitar escenarios de confrontación.
Como resultado, el diálogo permitió transformar el cierre del territorio en una ruta institucional, reduciendo tensiones y abriendo la posibilidad de construir acuerdos entre las partes involucradas.
Además, se acordó consolidar la información de las comunidades para presentarla ante la instancia competente, lo que facilitará la toma de decisiones conforme a la normatividad vigente.
Las autoridades reiteraron que el avance de proyectos de transición energética en el departamento debe darse con pleno respeto por los derechos de los pueblos indígenas, garantizando participación efectiva, seguridad jurídica y diálogo intercultural.
Con este paso, La Guajira busca equilibrar el desarrollo de iniciativas energéticas con la protección de sus comunidades ancestrales, en un proceso que seguirá bajo seguimiento institucional.
