El gremio de las Eps asegura que el Decreto 0182 de 2026 es ilegal y pone en riesgo la atención de millones de colombianos al trasladarlos a entidades intervenidas con crisis financiera.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el principal gremio que agrupa a las EPS en el país, se pronunció en tono de rechazo frente a la expedición del Decreto 0182 de 2026 por parte del Gobierno Nacional.
Según la agremiación, esta normativa modifica las reglas del aseguramiento en salud bajo un enfoque territorial que plantea desafíos operativos imposibles de cumplir en las condiciones actuales del sistema.
Para la entidad, la nueva normativa impone una redistribución masiva de afiliados basada en criterios de habilitación territorial que obligarían a algunas EPS a retirarse de municipios donde no cumplen con porcentajes mínimos de usuarios.
Riesgos por concentración de usuarios
Esto provocaría una concentración de pacientes en entidades que hoy enfrentan graves debilidades. La organización denunció que el decreto es una reproducción casi idéntica del Decreto 0885 de 2025, el cual fue suspendido por el Consejo de Estado en octubre pasado, lo que calificaría esta nueva acción gubernamental como un desacato judicial y un acto ilegal.
Uno de los puntos más críticos señalados por los voceros del sector es la situación de las ocho EPS que actualmente se encuentran bajo medida de intervención. Estas entidades, que ya suman más de 24 millones de afiliados y presentan resultados financieros críticos, recibirían una carga adicional de usuarios.
En este sentido, se advierte que estas promotoras de salud no tienen la capacidad operativa ni financiera para garantizar la continuidad y oportunidad en el servicio para los nuevos pacientes que les serían asignados.
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Incertidumbre en la Nueva EPS
El caso de la Nueva EPS ha sido resaltado como especialmente preocupante. Según proyecciones internas, con las nuevas normas de distribución, esta entidad —que ya cuenta con 11.5 millones de afiliados— recibiría 2.6 millones de usuarios adicionales, lo que representa un incremento del 22.6% en su población.
Sobre el particular, se enfatizó que la situación financiera de esa entidad prestadora es incierta, pues no presenta estados financieros desde 2023, y registra dificultades diarias en la entrega de medicamentos y la prestación de servicios básicos.
La crisis se agrava al observar que otras Eps intervenidas tendrían incrementos de hasta el 40% en su número de usuarios, mientras que las afiliadas a la asociación que no están intervenidas perderían más de 800.000 afiliados.
Al respecto, se sostiene que esta fragmentación y heterogeneidad de los operadores impide una redistribución equilibrada, exponiendo al sistema a un riesgo de colapso inminente que profundiza el sufrimiento de miles de familias que hoy ya enfrentan barreras de acceso.
Defensa legal del sistema
Finalmente, Acemi enfatizó que cualquier modificación estructural a las reglas de operación del sistema de salud debe tramitarse exclusivamente por vía de ley en el Congreso y no mediante decretos.
Ante lo que consideran un daño material e insostenible para la salud de los colombianos, anunciaron que agotarán los recursos de defensa legal para frenar la aplicación de esta medida y buscar una estabilización urgente que prevenga un perjuicio mayor en la atención sanitaria del país.
