La aspirante presidencial señala que los convenios de publicidad con RTVC habrían violado la Ley 80 al superar los topes permitidos para adiciones presupuestales.
La senadora candidata presidencial Paloma Valencia ha encendido las alarmas sobre el manejo de los recursos en Colpensiones tras denunciar públicamente presuntas irregularidades en la contratación de servicios destinados a campañas de mercadeo, estrategia comercial y publicidad con el Sistema de Medios Públicos (RTVC).
Según la congresista, dos contratos que suman un total de 60.111 millones de pesos habrían sido gestionados bajo modalidades que vulneran principios fundamentales de la contratación pública y la transparencia presupuestal en Colombia.
Vulneración al principio de anualidad y contratación directa
El eje central de la denuncia recae sobre un contrato suscrito el 15 de diciembre de 2023, apenas unos días antes del cierre de ese año fiscal. Valencia advierte que este convenio, inicialmente pactado por 13.804 millones de pesos, fue entregado de manera directa y sin el debido proceso de licitación.
La legisladora sostiene que la ejecución de este contrato comprometió recursos de tres vigencias fiscales distintas, lo que representaría una violación directa al principio de anualidad presupuestal.
Le puede interesar: Jarlan Barrera llega al Real Cartagena para reforzar la lucha por el ascenso
Adiciones que duplican el valor inicial permitido por ley
A medida que avanzaba el tiempo, este contrato fue objeto de tres adiciones millonarias realizadas en junio y diciembre de 2024, y agosto de 2025. Al sumar estas inyecciones de capital, que alcanzan los 23.552 millones de pesos, el contrato terminó superando el 100% de su valor inicial.
Este hecho es particularmente crítico, ya que la Ley 80 de contratación estatal prohíbe estrictamente que las adiciones superen el 50% del monto pactado originalmente, una barrera que en este caso fue ampliamente sobrepasada.
Sumado a lo anterior, la candidata reveló la existencia de un segundo contrato firmado el 16 de julio de 2024 por un valor de 9.795 millones de pesos, cuyo objeto era prácticamente idéntico al primero: diseñar e implementar estrategias de marketing. Este segundo acuerdo también fue entregado de forma directa y sufrió una adición de 12.959 millones de pesos, repitiendo el patrón de exceder el límite legal de adiciones y extendiendo su vigencia hasta el cierre de 2025.
Llamado urgente a los entes de control
Ante la gravedad de estos hallazgos, Paloma Valencia ha solicitado formalmente que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República inicien investigaciones de carácter urgente. El objetivo es determinar la posible existencia de faltas disciplinarias y responsabilidades fiscales por parte de los directivos de Colpensiones, en un escenario donde los recursos destinados a la seguridad social podrían haber sido manejados de forma irregular.
