La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente a la Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc para la Nueva EPS, Luz María Múnera, que ejerza medidas de vigilancia y control inmediatas para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los más de 11 millones de afiliados a dicha entidad.
Dentro del requerimiento, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social exigió conocer el cronograma detallado para el cierre, certificación y aprobación de los estados financieros correspondientes a las vigencias 2023 y 2024. Esta solicitud busca transparentar la legalización de anticipos a la red prestadora y proveedores, así como estabilizar el procesamiento de cuentas médicas y la ejecución del plan de modernización tecnológica de la EPS.
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Finalmente, el Ministerio Público otorgó un plazo máximo de cinco días hábiles para que se remita un informe completo con los soportes de las medidas adoptadas. Esta acción busca asegurar la sostenibilidad financiera de la entidad y garantizar que el flujo de recursos hacia los servicios y tecnologías en salud se realice bajo estrictos estándares de auditoría y legalidad.
