Un jurado federal en Alabama concluyó que las denuncias contra la multinacional eran falsas y difamatorias, y ordenó una millonaria indemnización tras comprobar violaciones a la ley RICO por parte de los acusadores.
Una Corte Federal de Estados Unidos emitió un fallo favorable a la empresa Drummond, tras determinar que las acusaciones que la señalaban de presuntos vínculos con grupos paramilitares en Colombia carecían de sustento y eran falsas. La decisión se produjo el pasado 15 de enero de 2026, luego de un juicio adelantado ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Alabama.
De acuerdo con el veredicto del jurado, el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización International Rights Advocates incurrieron en difamación al promover afirmaciones falsas contra la compañía minera. Además, se estableció que los acusados violaron la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), mediante prácticas como extorsión, soborno y manipulación de testigos, fraude electrónico, lavado de activos y obstrucción de la justicia.
Indemnización millonaria y pruebas de una estrategia coordinada
Como resultado del proceso judicial, el jurado concedió a Drummond una indemnización de 52 millones de dólares por difamación y 68 millones de dólares adicionales por los cargos bajo la Ley RICO. Conforme a esta legislación, la compensación se triplica automáticamente, elevando el monto total a 256 millones de dólares.
Durante el juicio se expusieron evidencias que demostraron que Collingsworth y su organización enviaron comunicaciones a terceros con el objetivo de afectar la reputación y los negocios de la empresa. Asimismo, se comprobó el pago de más de 400.000 dólares a testigos, entre ellos Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris, alias El Viejo Miguel, sin que estos recursos fueran debidamente revelados.
El fallo también encontró responsables a otros colaboradores del esquema, entre ellos el abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek, quienes fueron declarados culpables bajo los cargos de conspiración contemplados en la Ley RICO.
Drummond reafirma su postura y compromiso institucional
Tras conocerse la decisión, Trey Wells, abogado principal de la firma Starnes Davis Florie LLP, señaló que el veredicto ratifica que la compañía no ha tenido vínculos con organizaciones ilegales. Indicó que durante décadas Drummond fue objeto de señalamientos maliciosos que ahora un jurado determinó, de manera unánime, como infundados.
Finalmente, la empresa reiteró su compromiso con una operación ética, transparente y ajustada a la ley. Drummond aseguró que desde el inicio de sus actividades en Colombia, a finales de los años 80, ha actuado conforme a la normatividad vigente y continuará respetando la institucionalidad y los más altos estándares de integridad en todas sus operaciones.
