Colombia enfrenta un momento crítico en materia energética. Durante un taller para periodistas realizado en Barranquilla, los exministros de minas y energía, Amylkar Acosta y Tomás González, ponen en evidencia una combinación de riesgos simultáneos: déficit de oferta eléctrica, retrasos en la transmisión, presión fiscal, deterioro del sector gasífero, y un rezago estructural en cobertura y calidad del servicio.
Ambas intervenciones coinciden en un mensaje contundente: el país necesita una política energética de Estado, con decisiones urgentes que permitan garantizar la confiabilidad, la sostenibilidad financiera y la inversión privada que la transición energética exige.
El principal reto: asegurar la energía para todos
Según el exministro Tomás González, el desafío central es lograr cobertura universal, lo cual implica reconocer que aún hay 4,1 millones de colombianos sin servicio eléctrico. González enfatiza que la política energética debe “poner la inclusión en el centro” y dejar de tratarla como un asunto secundario.
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Los datos muestran que los hogares sin energía son también los más pobres, vulnerables y expuestos a brechas étnicas y de bienestar. Lograr el acceso universal requerirá inversiones significativas en soluciones individuales, microredes y extensiones al SIN.
Riesgos de oferta: riesgo real de desabastecimiento entre 2027 y 2028
El exministro Acosta advierte que Colombia se acerca a un escenario de riesgo de racionamiento, dada la combinación de baja entrada de proyectos y alta dependencia hídrica.
· En 2024 solo entró en operación el 25% de la capacidad esperada, y en 2025 apenas el 1,4% del total proyectado.
· La expansión de generación y transmisión presenta retrasos de entre 2,7 y 6,4 años según la región.
· La matriz eléctrica, aunque limpia, es altamente vulnerable al clima: 80% de los embalses no tiene regulación mayor a 4 meses.
Los exministros subrayaron que para los años 2026–2028 será indispensable contar con toda la generación térmica disponible para evitar que los niveles de embalse caigan críticamente.
La crisis del Caribe: un riesgo sistémico para el país
El caso de Air-e y Afinia es catalogado como una de las amenazas más serias para la estabilidad del sector:
Rezagos de inversión del 58% en Air-e y 48% en Afinia frente al nivel mínimo necesario de activos.
Intervenir empresas públicas o privadas sin un plan claro incrementa las pérdidas y reduce el recaudo, como ocurrió con Electricaribe.
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La región Caribe concentra el 30% de la demanda nacional y explica el 80% de las fallas por demanda no atendida del país.
“Resolver el Caribe definirá la sostenibilidad financiera y operacional del sistema” señaló el exministro Amylkar Acosta.
Crisis fiscal: el apagón financiero
El sistema arrastra deudas crecientes con las empresas de energía: 7,6 billones de pesos en 2025, con un incremento del 22% respecto a abril del mismo año.
Qué debe hacer el próximo gobierno: hoja de ruta mínima
1. Hacer de la cobertura universal una política de Estado
2. Recuperar la confianza inversionista
3. Acelerar la entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión
4. Proteger el sistema ante la llegada de dos veranos consecutivos
5. Resolver de manera definitiva la situación del Caribe
6. Ordenar las finanzas del sector
Colombia está a tiempo de evitar un nuevo apagón, pero solo si el próximo gobierno actúa con rigor técnico, estabilidad regulatoria, visión de largo plazo y un compromiso real con la cobertura universal, la inversión privada y la sostenibilidad fiscal.
