La Fiscalía acusa a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, de haber desviado $111 millones de la Gobernación del Atlántico entre 2021 y 2022 mediante la Fundación Conciencia Social, cuando era diputado.
La audiencia de imputación de nuevos cargos fue suspendida por el juez 14 de control de garantías de Barranquilla y reprogramada para el 26 de noviembre a las 2:00 p.m.
Petro Burgos ya enfrenta un proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al que ahora se sumarían seis nuevos delitos. La Fiscalía alcanzó a imputarle tres: peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias, y prepara otros tres por falsedad en documento público y privado, y falso testimonio.
Según la fiscal Lucy Laborde, Petro Burgos habría usado su influencia política para apropiarse de recursos destinados a programas para adultos mayores, desviando $72 millones de un contrato en 2021 y $39 millones de otro en 2022.
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Además, la Fiscalía sostiene que el exdiputado habría registrado información falsa en su hoja de vida y en declaraciones ante la DIAN para justificar su patrimonio, usando certificaciones alteradas de un proyecto inmobiliario.
El juez Jorge Ortiz pidió a la Fiscalía aclarar la supuesta influencia de Petro sobre la exgobernadora Elsa Noguera, mientras la defensa calificó la imputación como “confusa” y “carente de fundamento”.
La diligencia continuará el 26 de noviembre, cuando se decidirá si avanzan los nuevos cargos en su contra.
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