En el Juzgado 41 de control de garantías de Barranquilla avanzó este lunes 10 de noviembre la audiencia contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, dentro del proceso que investiga presuntas irregularidades en contratos firmados con la Gobernación del Atlántico a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
Los cargos imputados son:
• Interés indebido en la celebración de contratos
• Tráfico de influencias
• Peculado por apropiación
• Falso testimonio
• Falsedad en documento público
• Falsedad en documento privado
Según la Fiscalía, Petro Burgos habría intervenido en la gestión y ejecución de dos contratos entre 2021 y 2022, de los cuales se habría apropiado presuntamente de 111 millones de pesos, recursos provenientes de la contratación directa que la Gobernación adjudicó a Fucoso.
La fiscal Laborde aseguró que, aunque Nicolás Petro no administraba directamente los dineros públicos, sí habría seguido de cerca el manejo de los anticipos y la ejecución contractual, configurando su participación como interviniente en el presunto peculado. Agregó que existen soportes documentales y técnicos que respaldan la hipótesis de apropiación ilícita.
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Parte de los recursos, según la exposición de la Fiscalía, habrían sido entregados en efectivo en espacios privados, entre ellos la residencia de María Angélica Name Delgado, además de movimientos fraccionados mediante cheques.
La investigación también señala que, en medio del entramado, habrían participado personas del círculo cercano de Petro Burgos en esa época, aunque ninguno ha sido imputado. Entre los nombres mencionados figuran Pedro Name, Raúl Lacouture y Gustavo de la Ossa, representante legal de la fundación.
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Este caso, conocido como “Caso Fucoso”, había sido inicialmente adelantado por el exfiscal Mario Burgos antes de ser removido. Ahora, bajo la dirección de Laborde, la Fiscalía solicitó formalmente medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, quien además enfrenta otro proceso paralelo por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito en un tribunal especializado de Barranquilla.
La audiencia continuará en los próximos días mientras el juez evalúa la solicitud de la Fiscalía.
