El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó al presidente Gustavo Petro, a su hijo Nicolás, a la primera dama Verónica Alcocer y al ministro Armando Benedetti, por presuntos vínculos con el tráfico ilícito de drogas, según el comunicado oficial.
Según el comunicado del Departamento del Tesoro, la designación contra Petro responde a su presunto “papel en el tráfico ilícito mundial de drogas” y a que, bajo su mandato, la producción de cocaína en Colombia alcanzó “niveles récord”, mientras que el mandatario habría proporcionado beneficios a organizaciones narcoterroristas.
“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EE.UU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas.”Expreso el mandatario.
La OFAC también incluyó en la medida a Nicolás Petro (acusado de recibir presuntos recursos de origen ilícito); a la primera dama Verónica Alcocer, señalada por supuestas irregularidades en su nombramiento como “embajadora en misión especial”; y al ministro Armando Benedetti, vinculado en el comunicado a manejo de financiación y apoyos políticos en favor del presidente.
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Como efecto inmediato, los bienes que las personas designadas tengan en Estados Unidos quedan bloqueados y se prohíben transacciones entre ellas y ciudadanos o empresas estadounidenses, lo que podría redundar en fuertes repercusiones diplomáticas y financieras para Colombia. Expertos citados por medios internacionales advierten sobre el riesgo para la cooperación bilateral en seguridad y contra el narcotráfico.
El propio presidente Petro respondió en la red social X, señalando que entró a la lista junto con su familia y anunciando que su defensa la asumirá el abogado Dany Kovalik; además, rechazó las imputaciones y dijo que no dará “ni un paso atrás”.
La medida eleva la tensión entre Washington y Bogotá y se espera un pronunciamiento oficial del Gobierno colombiano (tanto desde la Presidencia como desde la Cancillería) así como reacciones del Congreso y de actores internacionales.
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