En rueda de prensa, Hernán Penagos aseguró que la convocatoria enfrenta una controversia jurídica sin precedentes y que la Registraduría no puede avanzar sin claridad institucional ni sin la planificación requerida para un proceso de esa magnitud.
El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ofreció este martes una rueda de prensa en la que expuso la complejidad jurídica y operativa que enfrenta actualmente la convocatoria a consulta popular impulsada por el Gobierno, tras la expedición del Decreto 0639. El alto funcionario pidió a las altas cortes que se pronuncien con prontitud sobre la viabilidad del proceso, considerando las múltiples demandas presentadas ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
Penagos detalló que la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda contra la decisión del Senado de rechazar la convocatoria, considerando que se trata de un acto administrativo definitivo y de contenido electoral. Sin embargo, advirtió que aún está pendiente la decisión sobre si se suspende o no ese acto. La Procuraduría, por su parte, recomendó negar la medida cautelar al considerar que, en esta etapa procesal, no hay una vulneración evidente del ordenamiento jurídico.
El registrador explicó que actualmente cursan al menos 10 acciones de nulidad simple, 34 demandas por inconstitucionalidad, y cerca de 97 tutelas ante las altas cortes, lo que refleja la controversia jurídica de gran calado que enfrenta esta consulta. Ante ello, anunció el inicio de una actuación administrativa para solicitar conceptos de entidades como el Consejo de Estado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General de la Nación, con el objetivo de definir si se cumplen los requisitos legales para avanzar con el proceso.
“La controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo es clara, y ante un conflicto de esta magnitud, lo responsable es dejar que los jueces decidan. Está en juego no solo una consulta, sino el orden institucional y el principio democrático”, afirmó Penagos.
Lea, además: Alias "Gabriela" mujer capturada por el atentado en contra a Miguel Uribe
En el plano operativo, advirtió que la consulta requiere una planeación mínima de tres meses, además de una inversión que supera los 750.000 millones de pesos. “No es posible que la Registraduría ponga en juego una inversión de esta dimensión sin tener certeza jurídica. Estaríamos ante un posible detrimento patrimonial”, sostuvo.
Entre los retos logísticos mencionó la capacitación de 650.000 jurados, la impresión y distribución del material electoral, la preparación de los consulados en el exterior, y el despliegue de sistemas de información y conteo de votos. “La consulta es distinta a una elección convencional: tiene etapas específicas, como el cumplimiento del umbral y la validación de cada una de las preguntas respondidas por la ciudadanía. Es un proceso que no admite errores”, subrayó.
Lea, además: Piden moción de censura contra todo el gabinete Petro por decreto de consulta popular
