En un fallo unánime, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional el Código Electoral aprobado en 2023, marcando la segunda vez que este proyecto es anulado.
La decisión fue tomada después de que los magistrados identificaran varios vicios de procedimiento durante su tramitación en el Congreso, los cuales comprometieron la validez de la norma.
El Código Electoral, impulsado por el exregistrador Alexander Vega y respaldado por el presidente Gustavo Petro, proponía reformas significativas, como la implementación del voto electrónico, la paridad de género en las listas electorales y la creación de nuevos mecanismos tecnológicos en los procesos de elección popular.
Sin embargo, la Corte señaló que el Congreso no realizó el necesario estudio de impacto fiscal para estas reformas, lo que constituye una violación del procedimiento legislativo.
Igualmente, la Corte subrayó que no se llevaron a cabo las consultas previas con las comunidades étnicas, un requisito indispensable cuando una normativa afecta directamente a estos grupos. Otro factor clave en la decisión fue la realización de las sesiones legislativas de forma virtual, cuando la importancia del proyecto demandaba una discusión presencial.
Tras el fallo, varias figuras políticas reaccionaron al respecto, como la senadora Paloma Valencia, quien manifestó en su cuenta de X: “Esta es una muy buena noticia para Colombia; ese Código Electoral traía todas las modificaciones para implementar el voto electrónico, el mismo que utiliza el régimen de Maduro para robarse las elecciones”.
Por su parte, El representante a la Cámara por el partido Liberal, Víctor Manuel Ortiz, aprovechó la red social para señalar: “Corte Constitucional declara inconstitucional el nuevo Código Electoral y dentro de sus argumentos se encuentra: falta de estudio del impacto fiscal y debate democrático y de fondo en el Congreso. Línea jurisprudencial para la caída de la reforma pensional”.
El fallo de la Corte deja en el limbo las reformas propuestas y pone de relieve la necesidad de un debate más riguroso y respetuoso de las normas constitucionales en el Congreso.
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