La entidad advirtió que aceptar la solicitud de Mancuso podría enviar un mensaje equivocado a la delincuencia.
La Procuraduría General de la Nación se opuso a la solicitud de suspender las medidas de detención preventiva contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, argumentando que no hay suficiente claridad sobre su representación como gestor de paz y el proyecto que desarrollaría en este rol.
En una audiencia pública, la Procuraduría General de la Nación expresó su oposición a la solicitud de suspensión de más de 30 medidas de detención preventiva contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Esta solicitud fue presentada por su defensa tras su designación como gestor de paz por parte del Gobierno nacional.
La Coordinadora Nacional de Justicia y Paz de la PGN argumentó ante el magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla que existe falta de claridad sobre la estructura armada organizada que Mancuso representa y el acto que lo designó como su representante.
La funcionaria también señaló que la solicitud de suspensión de las medidas judiciales carece de especificaciones sobre el proyecto que Mancuso desarrollará como gestor de paz, así como sobre los espacios temporales y territoriales de su actividad.
“Mucho menos se ha indicado por qué es necesaria su movilización por diferentes puntos del territorio nacional, más cuando en años anteriores otras personas han cumplido funciones similares desde la cárcel”, alegó la Procuraduría, según detalla un comunicado.
El Ministerio Público sostiene que Mancuso no representa a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dado que el Acuerdo de Ralito, que lo vinculaba a dicha organización, finalizó hace más de diez años.
“Por lo tanto, no resulta admisible como justificación que el papel de gestor de paz permitirá que ahora sí tenga lugar el cierre definitivo de las estructuras criminales que surgieron tras la desmovilización del paramilitarismo en Colombia”, cuestiona el ente de control.
En ese sentido, la Coordinadora Nacional de Justicia y Paz señaló que “admitir ese tipo de fundamentos es llevar el nefasto mensaje a la delincuencia de que no importa el momento en el que decidan voluntariamente cesar su actividad delictiva, aún a pesar de sus desmanes, pues las puertas siempre estarán abiertas”.
La procuradora judicial pidió al magistrado realizar un análisis "minucioso" de la solicitud presentada por la defensa de Mancuso Gómez antes de tomar una decisión, pues “no proceder a ese examen sería como asimilar la figura de gestor de paz al desconocimiento de la solidez y seriedad de la justicia transicional, de las víctimas del conflicto armado y del arduo trabajo dispuesto por los tribunales de Justicia y Paz del país”.
