Alerta de posible daño patrimonial por la falta de prestación del servicio contratado; riesgo de 700 millones.
En un nuevo capítulo de tensiones para el gobierno de Gustavo Petro, la Contraloría General de la República ha puesto bajo lupa un contrato entre Migración Colombia y la controvertida multinacional Thomas Greg and Sons.
Según el informe del ente de control, se pagaron millonarios recursos, alrededor de $700 millones, por un servicio que, al parecer, no fue prestado. Esta situación añade complicaciones a un momento en el que el gobierno ya enfrenta desafíos legales derivados de la declaración desierta del proceso de licitación para la elaboración de pasaportes.
El informe revela que en mayo de 2022, Migración Colombia contrató a Thomas Greg and Sons para recolectar información sobre ciudadanos colombianos y venezolanos que cruzaran de forma legal el paso fronterizo. Sin embargo, debido a la reapertura de la frontera en octubre de 2022, que implicó la eliminación de puestos de atención en los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, el servicio contratado no se prestó entre octubre y diciembre. A pesar de ello, Migración realizó pagos a la multinacional por un total de $704 millones.
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El contrato actualmente está en proceso de liquidación, y en febrero de 2023 se certificó la ejecución del 100 % de los recursos del contrato. La Contraloría sostiene que esta situación podría haber generado un daño patrimonial y alerta sobre la falta de comunicación por parte del supervisor del contrato sobre la necesidad de contratación y las modificaciones necesarias.
La omisión en la comunicación sobre las modificaciones y la falta de prestación del servicio debido a la apertura de la frontera, según la Contraloría, podrían ser los factores determinantes que llevan al gobierno a pagar por un servicio que no recibió. Migración Colombia, por su parte, señala que actualmente se está realizando un balance económico y de obligaciones con el contratista, indicando que aún no se ha configurado un detrimento patrimonial.
Este episodio se suma a otro proceso contractual polémico que involucra a Thomas Greg and Sons y la Cancillería, lo que pone en jaque la confianza en el sector de infraestructura. La Revista Cambio informó la semana pasada que, a pesar de la prórroga otorgada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a la firma Sociedad Grupo Portuario para la concesión operativa del Muelle 13 del Puerto de Buenaventura, el Ministerio de Transporte revocó la decisión apenas cinco días después. Este muelle, gestionado por Grupo Portuario durante 33 años, es vital para la recepción de toneladas de alimentos y minerales importados.
La revocación de la prórroga, que extendía el manejo del muelle 13 hasta 2045, se llevó a cabo tras una revisión efectuada por el Ministro de Transporte, William Camargo. La decisión se tomó ante la posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas en Buenaventura, específicamente relacionadas con el manejo de cargas de carbón.
Estos acontecimientos generan preocupación sobre los procesos de contratación y concesiones en curso, planteando desafíos adicionales para el gobierno de Gustavo Petro, que ya enfrenta escrutinio y disputas legales en otros frentes.
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