Se acusa a García de formar parte de la red de corrupción liderada por el senador Ciro Ramírez. El exfuncionario encara una posible condena de 18 años de prisión.
La jueza 42 de control de garantías recibió una solicitud de la Fiscalía General para enviar a la cárcel a Pierre García Jacquier, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), en relación al proceso por las irregularidades detectadas en contratos millonarios.
La fiscal del caso, en su solicitud, expresó la necesidad de la privación de la libertad para asegurar la presencia de García Jacquier en las audiencias y resguardar la integridad del proceso. A pesar de las afirmaciones del exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) sobre su domicilio en Colombia, la Fiscalía señaló que la evidencia sugiere que "estaría domiciliado en la ciudad de París".
A finales del 2023, la Fiscalía General imputó a García Jacquier los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Durante la imputación, se señaló que en su despacho del DPS en Bogotá, García Jacquier se reunió con funcionarios, contratistas y congresistas interesados en los contratos del Proyecta-Quindío. Estos contratos fueron luego adjudicados de manera particular con la "orientación" acordada previamente con el entonces funcionario.
Tras la pregunta de la jueza de control de garantías, el exfuncionario se declaró inocente. “Su presentación es clara, he entendido, conozco mis derechos y no necesito hablar con mi abogado... Rechazo los cargos que me imputa la Fiscalía, soy inocente, lo demostraré con pruebas con mi defensa y por ello no acepto los cargos”.
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La Fiscalía General sostiene que hay suficiente evidencia para sugerir que García Jacquier estuvo directamente involucrado en la firma de millonarios contratos, formando parte de la red de corrupción liderada durante muchos años por el senador liberal Mario Alberto Castaño. Se indica que esta red habría contado con la participación de otros congresistas y líderes políticos de Quindío, Tolima y Cundinamarca.
“Esos presuntos senadores que estarían involucrados en estos hechos serían en primer lugar Mario Alberto Castaño Pérez cuyo enlace corresponde al ciudadano Juan Carlos Martinez. También resultaron beneficiados otros tres senadores como lo son Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez López y Juan Felipe Lemos Uribe”, aclaró la fiscal.
El grupo denominado como las Marionetas operó desviando procesos de contratación en los departamentos del Tolima, Quindío y Cundinamarca, principalmente. Utilizaron estrategias legales de contratación y se aprovecharon de sus facultades en los cupos indicativos.
La Fiscalía señaló que se llevaron a cabo varias reuniones en las oficinas del DPS, a las que asistió, entre otros, el senador Miguel Ángel Barreto, aparentemente con la intención de asegurar la contratación que más tarde fue examinada por las entidades de control, conocida como el caso Proyecta-Quindío.
“Destacar estas visitas porque también fue uno de los senadores que se acuñan como dueños de esa contratación derivada de Proyecta-Quindío y, para dejar absolutamente claridad con esos hechos jurídicamente relevantes, también tiene que hacer alusión la Fiscalía a lo siguiente: el punible concierto para delinquir exige dentro de los elementos del tipo la existencia de una acuerdo de voluntades y esas circunstancias de tiempo, modo y lugar”, dijo la Fiscalía en la imputación de cargos el pasado 19 de diciembre.
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