El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro emitió el pasado 7 de diciembre el decreto 2114 de 2023, revocando el decreto 1844 de 2018 que anteriormente prohibía la posesión, tenencia, entrega, distribución o comercialización de drogas y sustancias prohibidas.
El decreto que fue derogado facultaba a la fuerza pública para llevar a cabo labores de vigilancia y control, en relación al tráfico y microtráfico de drogas de las bandas delincuenciales.
El documento, firmado por el ministro del Interior, Juan Fernando Velasco; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, destaca que el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, "estableció la política nacional de drogas apuntando hacia un nuevo paradigma contra las drogas".
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Enfatiza la necesidad de no solo evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas mediante medidas correctivas, sino también orientar los esfuerzos institucionales para contrarrestar la oferta de sustancias psicoactivas y las estructuras de crimen organizado dedicadas al microtráfico o narcotráfico.
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La decisión generó críticas inmediatas. El senador Jota Pe Hernández expresó su descontento, afirmando que "pareciera que el único fin de este Gobierno es beneficiar a los bandidos", argumentando que el decreto favorece a quienes lucran con el microtráfico y perjudica el accionar de la Policía en la lucha contra este fenómeno. Hernández también señaló que afecta a padres que no desean ver a sus hijos involucrados en el consumo de drogas.
https://twitter.com/JotaPeHernandez/status/1733586638310162522
Por su parte, María Fernanda Cabal también se pronunció, alertando que "Gustavo Petro acaba de dejar parques y espacios públicos en riesgo de ser ocupados por jíbaros y consumidores". La controversia persiste mientras diversas voces se suman al debate sobre el impacto que esta decisión podría tener en la seguridad y la salud pública del país.
https://twitter.com/MariaFdaCabal/status/1733593406746640681
