El gobierno no ha generado las condiciones en la institucionalidad para la toma de decisiones del sector energético.
La Procuraduría General de la Nación ha alzado la voz en medio de la inminente crisis energética que amenaza con desencadenar un apagón financiero en Colombia. La entidad ha expresado su preocupación por la falta de nombramientos en cargos clave en las instituciones encargadas de supervisar y regular el sector energético.
Mientras los gremios y empresas del sector energético advierten sobre la gravedad de la situación, la Procuraduría hizo llegar un oficio al presidente Gustavo Petro y al ministro de Minas y Energía, Ómar Camacho, enfatizando la necesidad de llenar los cargos vacantes para garantizar la estabilidad y la toma de decisiones técnicas en el ámbito energético.
La interinidad en el sector ha sido una preocupación constante durante varios meses, y la Procuraduría ha instado al gobierno a tomar medidas rápidas y acordes con el marco legal vigente para cubrir estas posiciones.
Una de las situaciones más alarmantes es la ausencia de nombramientos en propiedad para los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), cuya función es asegurar una oferta energética eficiente y competitiva, capaz de satisfacer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y financieros. Actualmente, los seis comisionados se encuentran en calidad de encargados, y sus plazos de encargo están próximos a vencerse.
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Además, la Procuraduría ha señalado que el Viceministerio de Energía tampoco cuenta con un titular en propiedad, lo que ha obstaculizado el avance en la ejecución de funciones críticas para el crecimiento del sector energético.
La Procuraduría subraya que el nombramiento de funcionarios en propiedad es una cuestión de gran importancia, ya que la institucionalidad adecuada es fundamental para el desarrollo económico sostenible del país.
Este llamado de atención de la Procuraduría coincide con la publicación de un decreto por parte del ministro Camacho, que otorga a Findeter la capacidad de ofrecer créditos por $1 billón para ayudar a las comercializadoras en dificultades a financiarse mientras se les proporcionan los recursos necesarios para mantener sus operaciones en marcha.
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