Una investigación se desencadena tras presunta intimidación de civiles por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas en Córdoba, generando preocupación en la comunidad y autoridades.
Diez miembros del Ejército Nacional se vieron involucrados en un incidente en Tierralta, Córdoba. Fueron trasladados a Montería para enfrentar investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en su comportamiento y todos fueron suspendidos de sus funciones mientras se esclarece la situación.
El general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante de las Fuerzas Armadas, destacó que estos militares, quienes habrían sido capacitados en derechos humanos, se apartaron de los principios institucionales, leyes y normativas, así como del marco constitucional. Por lo tanto, se les prohibió llevar armas durante el proceso de investigación.
Las acciones disciplinarias serán llevadas a cabo por la Procuraduría, mientras que la Justicia Penal Militar abrió un caso por abuso de autoridad especial. Los militares se dirigieron a la vereda El Manso en respuesta a un aviso sobre la presencia de hombres armados con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes, pero se alega que cometieron actos violentos contra civiles, lo que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.
Inicialmente, se sospechaba que se trataba de miembros disidentes de las Farc, aunque esta hipótesis fue descartada. El Ejército Nacional emitió un comunicado oficial sugiriendo que sus propios efectivos podrían haber estado involucrados, y desplazó a los diez militares a una comisión inspectora para esclarecer los procedimientos realizados por la unidad.
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Este caso ha generado un gran interés público, y el fiscal Francisco Barbosa anunció que llevará a cabo una investigación urgente, interrogando a más de 30 miembros del Ejército Nacional relacionados con los acontecimientos en Tierralta, Córdoba. Además, Barbosa enfatizó que la investigación corresponde a la Fiscalía General de la Nación y no debe involucrar a la Jurisdicción Penal Militar, especialmente dado el contexto de derechos humanos en las zonas rurales.
El fiscal también señaló la presencia de una subestructura criminal del Clan del Golfo en la zona y enfatizó la importancia de que las fuerzas de seguridad se dediquen a la captura de criminales en lugar de intimidar a la población, evitando un retorno a prácticas paramilitares.
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