El Fiscal General de la Nación, no tiene a cargo esa indagación ni ningún otro expediente investigativo en contra del hijo del presidente Petro.
Por improcedente el fiscal Francisco Barbosa no aceptó la recusación que presentaron los abogados de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, en su contra. En un documento de 38 páginas, los abogados defensores solicitaron que su investigación, por un presunto lavado de activos, sea asignada a un fiscal independiente, es decir, que no haga parte de la Fiscalía General.
Entre los argumentos sustentados que conllevaron a negar la recusación, según manifestó la Fiscalía estarían que el fiscal, Francisco Barbosa, no es el que está a cargo por parte del ente acusador, de la indagación que existe en contra del hijo del presidente; la Constitución y la Ley estarían garantizando la autonomía y la independencia de los fiscales en la toma de sus decisiones; siendo que los impedimentos no son institucionales, sino de funcionarios judiciales concretos explicó.
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Cabe resaltar que, la recusación presentada por los apoderados de Nicolás Petro argumentaron que este se encuentra en riesgo, ya que, el 7 de mayo del presente año, “el fiscal Barbosa indicó que se sentía orgulloso de liderar capturas y persecuciones contra criminales obteniendo condenas con lo cual alude a una presunta intimidación a la familia de Petro”
Así mismo, dentro de la recusación los abogados de Nicolás Petro también señalaron que de la investigación que avanza la Fiscalía se han adelantado más de seis audiencias “sin que se nos haya notificado para participar de las mismas y ejercer el derecho de defensa y contradicción. Lo anterior resulta de carácter grave, si se tiene en cuenta que a la Fiscalía allegamos poder de Nicolás Petro, previo a la realización de las mencionadas audiencias”.
Finalmente, esta recusación fue presentada días después del rifirrafe que tuvieron el presidente Petro y el fiscal Barbosa, en donde el prime le exigió públicamente al segundo investigar a un destacado miembro del ente investigador: el fiscal Daniel Hernández quien, según una publicación compartida por el primer mandatario, habría beneficiado judicialmente a miembros del Clan del Golfo.
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