Por otra parte, el sindicato demandó al alcalde precisar si esa carta que envió el pasado 24 de febrero habría contado con el aval explícito de la junta directiva de EPM.
Luego de una plática extensa entre el presidente de la República Gustavo Petro y el alcalde de Medellín Daniel Quintero donde discutieron de un posible congelamiento de las tarifas de los servicios públicos prestados por las Empresas Públicas de Medellín EPM, en varios departamentos del país. Pese a las altas expectativas que tenía la Alcaldía de Medellín tras un breve pronunciamiento grabado a las afueras del Palacio de Nariño, Quintero dio a entender que aún no se toma ninguna decisión y que mediante los próximos días habrá nuevas reuniones para acordar una solución.
El alcalde de Medellín, a través de un vídeo grabado en compañía del gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, expresó: “siendo las 11:30 de la noche acabamos de terminar reunión con el señor presidente, una reunión en la que le mostramos el alcance de EPM, como opera en casi 12 departamentos, el tipo de usuarios que tiene, el alcance de nuestra propuesta y cuál es la realidad del sector”.
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Quintero no suministró ningún tipo de detalles sobre la controvertida propuesta, quien, desde el pasado viernes 24 de febrero, día en el que hizo pública una carta enviada el presidente, la cual ha sido un blanco de preocupación entre conocedores del sector y de la empresa de servicios públicos.
El Sindicato de Profesionales de EPM radicó ante la Alcaldía un derecho de petición exigiendo detalles sobre los análisis técnicos y las proyecciones financieras que soportan un eventual congelamiento de tarifas que podría golpear duramente las finanzas de la empresa pública.
La definición de las tarifas de energía está sujeta, entre otros, a criterios técnicos, jurídicos, calidad, eficiencia, confiabilidad y suficiencia económica y no a caprichos e intereses políticos como los reflejados en la solicitud del señor Quintero, que sigue poniendo en riesgo la solidez financiera de EPM y haciendo populismo utilizando el nombre de la empresa, como lo ha hecho a lo largo de los tres años de su administración”, criticó esa agremiación de profesionales.
Por otra parte, el sindicato demandó al alcalde precisar si esa carta que envió el pasado 24 de febrero habría contado con el aval explícito de la junta directiva de EPM.
“Pedimos al alcalde informar y aportar la documentación correspondiente respecto a si esa solicitud fue discutida y aprobada por las juntas directivas de EPM y de cada una de las filiales del Grupo EPM que prestan sus servicios en esos departamentos, puesto que el señor Quintero no ha sido claro si fue facultado por parte de la junta directiva de EPM para enviar una carta firmada por él como alcalde de Medellín y no como presidente de dicha junta”, dijo el sindicato.
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Pese a la carta de Quintero, el gerente de Regulación de EPM, Jorge Antonio Yepes Vélez, envió un mensaje al Departamento Administrativo de la Presidencia Dapre solicitando al presidente Gustavo Petro hacer un alto del camino y no meterle mano al sistema regulatorio de servicios público.
El documento, firmado el pasado 8 de febrero, fue enviado una semana antes de que el presidente dejará en firme el Decreto 227 del 16 de febrero de 2023.
“Partiendo de la premisa que la regulación continuará desarrollándose respetando el marco legal vigente, como es debido, debe tenerse muy presente que el ejercicio de las funciones de regulación es de gran complejidad, que exige un conocimiento profundo de los sectores, una visión integral y sistémica de la cadena de prestación de cada uno de los servicios, la toma de decisiones oportunas y equilibradas, que debe conciliar los intereses de corto plazo con la visión de largo plazo, debe respetar derechos adquiridos por los prestadores y debe incentivar la inversión. Y todo ello exige tiempo y experticia”, indicó el gerente de Regulación.