Duque exige a JEP justicia con responsables de atrocidades y reparación de víctimas

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “está llamada, precisamente, a brindar respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas cometidas por los máximos responsables de las Farc”, dijo el Mandatario.

El Presidente Iván Duque exigió de forma vehemente, en su condición de representante de los colombianos, “la entrega de una verdad real, la existencia de una justicia implacable con los responsables de atrocidades; también es urgente una reparación seria a las víctimas a través de la entrega total de los bienes de las Farc”.

Así lo expresó el Jefe de Estado en un video enviado al Encuentro Internacional de Justicia Transicional ‘Respuestas Emergentes a Atrocidades Contemporáneas’.

En ese mensaje, el Mandatario se refirió al “compromiso efectivo de no repetir las violaciones de derechos humanos”, y dijo que, “por supuesto, debemos tener presente que si no se materializan estos componentes no podemos hacer realidad la construcción de la Paz con Legalidad, que reclaman y merecen nuestros compatriotas”.

Indicó que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición “no es el primer paradigma o modelo de justicia transicional que se ha implementado en Colombia”, pues con diversos matices hay normas cuyo objetivo era la consecución de la paz.

En este contexto, señaló que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “está llamada, precisamente, a brindar respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas cometidas por los máximos responsables de las Farc”.

El Mandatario subrayó que “el Estado colombiano ratifica su compromiso constitucional con la paz y con la justicia genuina, que están ligadas a una verdad comprobada, no a una verdad parcial, amañada o inverosímil”.

Agregó que la verdad “es un imperativo al que nunca se puede renunciar” y enfatizó que, como “colombianos, exigimos conocer la verdad sobre los hechos ocurridos, y que los comparecientes demuestren su voluntad de cumplir con el compromiso adquirido no solo con la JEP sino con la comunidad internacional”.

Abortos obligados y niños reclutados

En este orden de ideas, manifestó que se aguarda que “los máximos responsables de las Farc reconozcan todos los crímenes internacionales que cometieron y que dejaron millones de víctimas a lo largo y ancho de todo nuestro territorio”.

Por otra parte –dijo–, “exigimos que paren las declaraciones abiertamente desafiantes y revictimizantes, como las hechas a comienzos de este mes acerca de que en las filas de las Farc se presentaron abortos voluntarios”.

Frente a eso, señaló que “el mundo entero conoce de sobra que los abortos forzados eran una práctica común en esa organización criminal. De hecho, en 2013, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU aseguró que, en promedio, se realizaban mil abortos forzados cada año por parte de esa organización”.

Así mismo, se refirió a la negación sistemática de que “niños, niñas y adolescentes fueran incorporados a la fuerza a las filas de las Farc, y se afirma, también cínicamente, que en los campamentos se les enseñaba a jugar a los niños y que, además, desarrollaban actividades lúdicas”.

A ese respecto, el Presidente Duque manifestó que, de acuerdo con cifras oficiales, más de 2.800 niños “fueron obligados a pertenecer a ese grupo ilegal y fueron instrumentalizados para servir a sus propósitos sexuales y bélicos”.

Recordó que, si los niños fueron obligados o no, “el simple hecho de haberlos vinculados da lugar al crimen internacional”.

Caso Gómez Hurtado

En otra fase de su exposición, el Mandatario se refirió al magnicidio del dirigente político Álvaro Gómez Hurtado, declarado crimen de lesa humanidad, “sobre el que el país sigue esperando saber quiénes fueron sus verdaderos autores y sus determinadores”.

Dijo que el reconocimiento de la comisión de ese crimen por las Farc “debe ser analizado con prontitud por la JEP para definir su veracidad”.

Advirtió que hay que tener presentes “las consecuencias penales de una falsa autoincriminación, que implicaría también afectar el curso de la justicia y afectaría el proceso que cursa en la Fiscalía”.

“Un imperativo de la justicia es encontrar el verdadero culpable y no encontrar cualquier culpable”, aseveró.

Bienes y reparación

El Presidente Duque también recordó que el 15 de agosto de 2017 los exintegrantes de las Farc hicieron entrega del inventario definitivo de sus activos y bienes.

Así, dijo que en dicho inventario “reportaron dinero en efectivo, divisas, oro, joyas de plata, semovientes, muebles y enseres, inmuebles, vehículos, armamento, infraestructura e inversiones, por un valor total de 954 mil millones de pesos, según lo manifestó recientemente la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación”.

“Tres años después de haber definido este inventario, los exintegrantes de las Farc no han finalizado la entrega material de todos los bienes inventariados y tampoco han aportado al Gobierno la información necesaria para cumplir con ese propósito”, indicó.

Aseguró que “aunado a lo anterior, más de la mitad del dinero inventariado fue registrado por las Farc con la observación de hurtado, incautado y desaparecido y el plazo inicial para su entrega ha sido prorrogado para final de este año”.

A hoy –sostuvo–, “no hay dinero ni recursos provenientes de las Farc para reparar a las víctimas, evidenciándose así un incumplimiento que requiere la toma de decisiones oportunas por parte de la JEP”, que debe valorar si, “en el marco del régimen de condicionalidad han contribuido efectivamente a la reparación material de sus víctimas”.

En torno del componente de no repetición, el Jefe de Estado dijo que “es fundamental que no se vuelvan a presentar hechos tristemente célebres como los ocurridos con alias ‘Jesús Santrich’, alias ‘Iván Márquez’ y alias ‘El Paisa’”, quienes “incumplieron los compromisos derivados del sometimiento a la JEP, revictimizando a millones de personas y brindándose, ellos, la posibilidad de burlarse de la justicia y de la comunidad internacional”.

Afirmó que tales actuaciones “pusieron en tela de juicio a la administración de justicia, ya que casi más de nueve meses después de ocurridos estos hechos fehacientes de su retorno a la actividad criminal, se conocieron las decisiones de su exclusión”.

No hay cabida para exmiembros de autodefensas

También, el Presidente afirmó en la JEP no “hay cabida para los miembros de las mal llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, máxime cuando ellos pueden someterse a la justicia bajo otros presupuestos normativos”.

“Este escenario no es permitido para los exintegrantes de AUC, pues la propia Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP se ha manifestado de manera clara y, si bien participaron en confrontaciones armadas, no son destinatarios del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, señaló.

En este orden de ideas, afirmó que “no es posible que ahora pretendan algunos sugerir la inclusión de los miembros de las mal llamadas Autodefensas Unidas de Colombia como terceros civiles bajo el argumento de buscar la verdad, pues ellos ya tienen una ruta legal con autoridades, sanciones y mecanismos de implementación”.

Sostuvo que “permitir esto desnaturaliza los regímenes transicionales y pone en tela de juicio la administración de justicia y los derechos de las víctimas, quienes deben someterse al cambio permanente de las reglas de juego con cada modelo que se cree”.

Igualmente, el Jefe de Estado hizo un balance de los resultados obtenidos por la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005).

Indicó que se han producido sanciones penales relativas a 34.605 delitos, que se han declarado responsables a 642 miembros postulados al proceso penal especial, entre ellos 267 comandantes considerados máximos responsables.

Además, agregó, se han compulsado copias a la Fiscalía en más de 16 mil ocasiones, de las que “más de 2.311 corresponden a terceros auspiciadores, más de 1.600 agentes del Estado y más de 1.400 agentes del Estado que pertenecen a las estructuras de la Fuerza Pública.

“Se hallaron más de 6.100 fosas comunes con más de 7.400 cuerpos, de los cuales 3.953 fueron entregados a sus familiares”, indicó.

Agregó que han sido extraditados 32 postulados a la citada ley. También han sido proferidas 70 macrosentencias, según la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

Celeridad es imperativo

El Jefe de Estado expresó que, en lo relacionado con la JEP, “si bien aún no se pueden dar cifras sobre decisiones de fondo ni hallazgos sobre verdad, es evidente que frente al incumplimiento grave e injustificado también se requieren acciones oportunas, contundentes y que les den un mensaje ejemplarizante a quienes pretenden burlarse de los principios de responder a las víctimas”.

Manifestó que debe tenerse en cuenta que, “dada la novedad del modelo de justicia transicional que consagra la Ley 975 de 2005, en principio hubo un periodo de aprendizaje y de modulación jurídica del contenido legal, también buscando ser más efectivos”.

Añadió que actualmente “ya el sistema judicial colombiano no puede aducir excusas para que las autoridades judiciales no obren con mayor velocidad en escenarios de transicionalidad; por el contrario, hoy más que nunca, la celeridad es un imperativo”.

El Jefe de Estado afirmó que “reconocemos y valoramos los avances que se han alcanzado, como la apertura de siete macrocasos que “priorizan la investigación de hechos victimizantes”.

“Valoramos, también, el apoyo que se ha recibido por parte la estructura transicional y demás componentes del Sistema Integral durante la presentación del último informe trimestral de la Misión de Verificación en Colombia por parte de la Organización de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad”.

Cuatro años de la firma

En la parte final de su intervención, el Mandatario recordó que este año se cumplen cuatro años de la firma del acuerdo entre las Farc y el anterior gobierno y “tres años de la creación a nivel constitucional de la justicia transicional para lograr la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

A ese respecto, afirmó que “es deber de las instituciones que componen el Sistema Integral lograr que la sociedad se sienta segura del desarrollo de los procesos que allí tienen lugar, lo que hasta ahora no se ha podido evidenciar en razón al incumplimiento reiterado e indolente de los máximos responsables de esa organización”.

“Estas personas no han demostrado un compromiso genuino ni con las víctimas ni con la sociedad que depositó su confianza en este nuevo marco de justicia transicional, cuando no se ha dicho toda la verdad, cuando tampoco se han aportado los recursos suficientes para la reparación”.

Aseveró que tanto los obstáculos como los errores mencionados “no tienen cabida en el futuro. Debemos aprender de ellos y corregir con sanciones ejemplarizantes y dándoles celeridad a los procedimientos previstos en la normatividad vigente”.

Recalcó que es fundamental que quienes “estuvieron involucrados en esas conductas entreguen toda la verdad y la información sobre rutas de narcotráfico, estructuras de lavado de activos y de comercialización”.

Tal información “es clave para desarticular las redes del narcotráfico que han pretendido ocupar el espacio que ellos dejaron en los territorios o que se han sometido también a un proceso de transición, pues este negocio ha sido la principal causa de la violencia y pobreza en varias zonas del país”, concluyó el Presidente Duque.




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