El contrato lo firmó el alcalde Armando Campuzano el pasado 12 de marzo para iniciar de inmediato, pero ya lleva dos meses de retraso. La ruta del corregimiento Buenavista a Zarate no se está cumpliendo y a los padres de familia les toca gastar 8 mil pesos diarios para mandar a sus hijos al colegio.
El servicio de transporte escolar, recientemente contratado por el alcalde Armando Campuzano en el municipio de Plato, además de presentar un retraso de dos meses con respecto al inicio de clases, ya presenta irregularidades en cuanto al cumplimiento de las tareas encomendadas en el objeto contractual.
Esas presuntas irregularidades se evidencian en la prestación del servicio a los estudiantes de la zona rural del municipio, en donde el contratista ni siquiera ha comenzado a darle cumplimiento al contrato, que establece el cubrimiento de 23 rutas en dos modalidades, terrestre y fluvial a un total de 616 estudiantes únicamente en lo que corresponde a la zona rural, según establece el objeto contractual.
En el caso del corregimiento de Buenavista que corresponde a la ruta 5 hasta el centro poblado Zarate, en donde funciona el colegio de bachillerato ‘César Meléndez’, sede de la IED ‘Luis Carlos Galán Sarmiento’, la ruta aún no se está cumpliendo y les toca a los padres de familias cubrir los gastos de transporte de sus hijos estudiantes.
De acuerdo con el contrato, el cubrimiento del servicio para esta zona del municipio se debe realizar en ‘flota’, vehículo fluvial al que en ese municipio llaman por ese nombre pero que en realidad es un bote o canoa con una capacidad máxima de 20 cupos o puestos. Para esta ruta el contrato establece la utilización de dos canos para el transporte de 39 estudiantes.
Una madre de familia del corregimiento de Buenavista que se abstuvo de revelar su identidad, dijo que actualmente unos particulares prestan el servicio de transporte fluvial hasta Zarate donde está el colegio de bachillerato, pero hay que pagar entre 8 mil y 10 mil pesos diarios para que sus hijos puedan asistir a clases, lo que representa una carga económica considerable para muchas familias.
“Lo preocupante de esta situación es que el transporte fluvial carece de medidas de seguridad básicas, como chalecos salvavidas u otros dispositivos de protección, lo que pone en riesgo la vida de los estudiantes”, aseguró la misma fuente.
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El contrato
El contrato de transporte escolar fu suscrito por el alcalde Armando Campuzano el 12 de marzo pasado con el Consorcio Transporte Plato 2025, cuyo representante legal es Jaime Carlos Pérez Barrios, el mismo contratista que ha venido contratando dicho servicio en ese municipio cuestionado desde la pasada administración por irregularidades en la ejecución del contrato, relacionadas con el sistema de transporte utilizado para cubrir las rutas de la zona rural.
El objeto del contrato es, “Prestación del servicio de transporte público especial modalidad escolar por rutas a la población estudiantil de las diferentes instituciones educativas oficiales del municipio de Plato, departamento del Magdalena, vigencia 2025”, por un valor de 1.215 millones 948.920 pesos, para ejecutar en 140 días calendario escolar.
El documento, que ya aparece colgado en el Secop, establece que el contratista debe cubrir 23 rutas de la zona rural, ida y vuelta, algunas de ellas en campero-buseta, microbús, buseta y flota que corresponde al transporte fluvial, para los estudiantes de las instituciones educativas “María Alfaro de Ospino”, “Gabriel Escobar Ballestas”, “Luis Carlos Galán Sarmiento”, “Juan Arias de Benavides” y “Rosa Cortina Hernández”, las cuales están distribuidas en 5 rutas nodriza.
De acuerdo con el contrato, el contratista debe cumplir ciertas especificaciones de ley para la prestación del servicio tanto terrestre como fluvial y cumplir con la documentación correspondiente. “Los vehículos que presten el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial para escolares no podrán tener más de 15 años de uso, contados a partir de la fecha del registro inicial del vehículo, término al que tendrá que hacerse un seguimiento y evaluación durante los próximos 3 años, por parte del Ministerio de Transporte, previo un estudio sobre la vida útil de los vehículos automotores y especialmente los utilizados en el servicio escolar. (Inciso segundo del Artículo 9 del Decreto 348 de 2015)”, dice una de las cláusulas del contrato.
No obstante, la información que se conoce por denuncias de la comunidad es que en el caso del transporte fluvial el servicio no se presta a cabalidad e incluso se violan las especificaciones de ley y la Inspección Fluvial de Calamar a la que le corresponde ejercer vigilancia, ha venido ignorando los requerimientos de la comunidad ante el riesgo de accidente de sus hijos.
Hay flotas o canoas en la que el contratista tiene la obligación de transportar hasta 68 estudiantes para lo que utiliza solo 2 flotas, o sea que en cada flota son transportados 34 estudiantes, aparentemente en sobrecupo; como el caso de la Ruta 11 que cubre del corregimiento San Antonio al centro poblado El Carmen del Magdalena.
Los padres de familia de la zona rural anunciaron que oficiarán a la Personería y en particular al personero Carlos Curiel, para que se protejan los derechos de los niños a recibir un servicio de transporte escolar digno y seguro.
