La Gobernación del Magdalena emitió un comunicado de prensa en las últimas horas en el que anuncia que el gobernador Carlos Caicedo interpondría acciones penales y disciplinarias contra el Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay por el caso de Mayra Castro Brito, exgerente del Hospital Santander Herrera de Pivijay.
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación del Magdalena; José Humberto Torres Díaz, anunció hoy que el mandatario Caicedo está considerando presentar denuncia penal y queja disciplinaría contra el Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay Juan Carlos Bonnet Pérez, quien actualmente tramita la acción de tutela presentada por Mayra Castro Britto, exgerente del Hospital de Pivijay.
Según la Gobernación, “pese a que Castro Britto presentó renuncia voluntaria al cargo de Gerente del Hospital Santander Herrera de Pivijay, posteriormente acudió a la acción de tutela por considerar que con la expedición del Decreto de aceptación de la renuncia se le vulneraba su mínimo vital en su calidad de madre cabeza de familia, correspondiendo el trámite de la acción de tutela al Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay Juan Carlos Bonnet Pérez, que según la Gobernación del Magdalena se ha parcializado en favor de la exgerente, hoy accionante”.
La misiva de la administración Departamental agrega que “como prueba de la parcialidad del juez Bonnet Pérez, la Oficina Asesora Jurídica reveló que el pasado viernes el funcionario judicial negó la participación de la Gobernación en las diligencias de declaración jurada recibida a la accionante Mayra Castro y al Personero Municipal de Pivijay, actuación que, según Torres Díaz, pone de presente la falta de garantías judiciales”.
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Para el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación, a la luz de los postulados constitucionales no es permitido al juez decretar pruebas y después, abstenerse de permitir a la Gobernación, en su calidad de parte demandada, ejercer sus derechos de defensa y contradicción, resultando incontrovertible la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, ostensible la arbitrariedad judicial y la parcialidad a favor a la accionante.
El funcionario departamental también cuestionó la conducta comportamental de la señora Castro Britto, quien en procura de sus intereses ha manifestado ser madre cabeza de familia “cuando es un hecho notorio, de público conocimiento, que convive con el padre de sus dos (2) menores hijos en un exclusivo sector de Santa Marta, lo anterior se colige en razón a lo manifestado por la propia Castro Britto, quien en sesión de calenda 11 de junio de 2021 ante la Asamblea Departamental del Magdalena, manifestó “que temía por su vida la de su familia, la de su esposo e hijos”, afirmación la cual a toda luces es un indicio más de la inexistencia de tal condición de madre cabeza de familia de la exgerente del Hospital Santander Herrera de Pivijay”.
Además de sus declaraciones en el debate, se conoció que la doctora Mayra vive en edificio de apartamentos y comparte vecindad con compañeros del gabinete departamental quienes a diario se cruza con miembros de su familia entre otros su esposo.
El comunicado de la Gobernación manifiesta que “es censurable como en abierta ofensa a la conciencia humana, la señora Castro instrumentaliza a sus hijos de 6 y 3 años, recurriendo a la mentira con el fin de inducir el error al juez, comportamiento que configura un fraude procesal”.
Lea el comunicado a la opinión pública:
El Jefe Jurídico de la Gobernación denunció que el 26 de mayo de 2021, quince (15) días después de habérsele comunicado la aceptación de su renuncia, la exgerente Castro Britto, celebró, en representación del Hospital Santander Herrera de Pivijay, un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión con Andrea Carolina Collazos Moya, esposa de Álvaro Orozco, hermano del Personero Municipal de Pivijay Ernesto Sierra Orozco, funcionario municipal, que el pasado viernes declaró a favor de la exgerente Castro Britto, lo que evidencia un intercambio de favores con recursos públicos, con la gravedad que el acta de inicio fue firmada por Castro Britto, quien ya no ostentaba la calidad de empelada pública del Hospital.
También dio a conocer que, la exgerente Mayra Castro Britto en su instancia en el centro asistencial de Pivijay, suscribió dos contratos con la hija del Juez Promiscuo Municipal de Pivijay, Laura María Bonett Daza, por concepto de prestación de servicio profesional como médico especialista en pediatría.
Según José Humberto Torres Díaz “el primer contrato fue el número 1995, $1.200.000 por un día de trabajo, el 23 de diciembre 2020; y el otro contrato es el 204 por valor de 8 millones 800 mil pesos, cuya duración fue desde el 21 de enero hasta el 31 de enero del 2021. En el mismo sentido, advirtió que nos encontramos ante una estrategia sistemática y orquestada entre algunas autoridades locales y aquellos sectores que han usufructuado históricamente los recursos de la salud; pues el Juez Primero Promiscuo Municipal de Nueva Granada, Edgar Alexander Aponte López, también incurrió en irregularidades sustanciales que violaron el debido proceso en el trámite de la acción de tutela que falló a favor de la Gerente del Hospital de Nueva Granada, donde el juez desconociendo el principio de igualdad de armas, procedió a valorar las pruebas presentadas por la accionante y excluyó del proceso, sin argumento alguno, las pruebas aportadas y solicitadas por la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación del Magdalena”.
Finalizó haciendo un llamado a los jueces a no desnaturalizar la acción de tutela, mecanismo con carácter preferente y sumario para la protección de derechos fundamentales, que no puede emplearse para reemplazar las acciones consagradas en la jurisdicción contenciosa administrativa, como el control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Reiteró, que si los jueces de tutela persisten en esa práctica de violar con sus decisiones los derechos de la Gobernación del Departamento del Magdalena, la Administración Departamental no dudará en interponer todas las acciones jurídicas pertinentes para evitar que el ejercicio abusivo de la acción de tutela se convierta, en manos de jueces sin rigor, en una especie de caja de pandora para amparar los más disimiles y reprochables intereses.
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