La casa natal de Luis Carlos Galán, fue declarada bien de interés cultural. Sin embargo, luego de 3 años, aun no se han cumplido los procedimientos legales para formalizarla. La historia es sencilla y absurda al mismo tiempo: durante el mandato del doctor Horacio Serpa Uribe, como Gobernador de Santander, se aprobó en el Consejo de Patrimonio Cultural la declaratoria de la casa natal de mi padre como "bien de interés cultural del ámbito departamental".
No obstante, la Secretaría del Consejo de Patrimonio Cultural, nunca protocolizó dicha declaratoria, por lo que la decisión no está en firme. Esta situación hace que hoy día, nos enfrentemos al riesgo de que se inicien trabajos de obra civil sobre la casa y se proceda a su demolición.
La importancia de preservar esta casa y todos aquellos bienes de interés cultural en el país, radica, como ya lo ha dicho la Unesco, en la idea de que la desaparición de un bien de estas calidades, constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de los pueblos.
Estos bienes, se constituyen en una herencia del pasado para las nuevas generaciones, que cuentan nuestra historia y que nos permiten recordar las huellas de lo que vivimos y porque no, de lo que no queremos repetir.
Por todo esto, más allá de un interés particular por lograr la preservación de la casa donde nació mi padre, lo que mueve estas letras es la necesidad de mantener la memoria de lo que somos como santandereanos y colombianos.
Así, la verdadera protección de esa casa, no termina con una declaratoria oficial por parte de una entidad pública, sino que va a ser la transformación de ese espacio en un lugar donde se lleve a cabo la Cátedra Galán, es decir, un foro que recupere la memoria de Luis Carlos Galán pero que ante todo donde nazcan nuevos liderazgos renovados que recuperen la ética del servicio público en la política.
La figura de mi padre, ya dejó de ser sólo parte de nuestra familia, para convertirse en un bien de los colombianos. Por eso, queremos que su casa y la Cátedra Galán que allí se promueva, permitan una acción política para garantizar derechos colectivos y una sociedad civil organizada, que les exija a los partidos políticos y al Estado mismo, la resolución oportuna de sus necesidades.