El debate sobre el fracking en Colombia dejó de ser técnico hace rato. Hoy es, sobre todo, político-ambiental. Y, en el fondo, profundamente ideológico. Sin embargo, antes de alinearse en uno u otro extremo, conviene entender de qué estamos hablando.
El fracturamiento hidráulico es una técnica desarrollada y perfeccionada durante décadas en la industria de los hidrocarburos, con aplicación en yacimientos no convencionales bajo condiciones geológicas específicas. Su uso se consolidó a finales del siglo XX, particularmente en Estados Unidos, donde permitió transformar la disponibilidad de recursos energéticos.
Esta evolución tecnológica no fue inmediata ni exenta de ajustes, sino el resultado de avances progresivos en perforación horizontal y control de presiones. Aun así, su implementación ha estado acompañada de debates técnicos y ambientales que siguen abiertos en distintos países.
En Colombia, el problema es otro. Aquí el debate no ha girado alrededor de evidencia técnica suficiente, sino de posiciones políticas anticipadas. El gobierno actual decidió frenar los proyectos piloto y cerrar la puerta, al fracking. Lo hizo bajo el principio de precaución. Es una decisión legítima, pero incompleta: sin pilotos, el país renuncia a producir su propia evidencia.
Del otro lado, los aspirantes a la presidencia repiten el mismo libreto dividido. Unos lo rechazan de plano; otros lo aceptan, pero condicionado. Nadie, sin embargo, termina de responder la pregunta clave: ¿tenemos institucionalidad para manejarlo?
Porque ahí está el verdadero punto. El problema no es el fracking: es el Estado.
La técnica, bien regulada, tiene mecanismos de control conocidos: estudios hidrogeológicos rigurosos, monitoreo permanente de acuíferos, sistemas cerrados de manejo de fluidos, trazabilidad de químicos y planes de cierre verificables. Nada de esto es nuevo. Todo está documentado. Pero requiere algo que en Colombia suele fallar: control efectivo.
Por eso los proyectos piloto no son un capricho, son una necesidad. Sin datos propios, el país discute sobre supuestos. Y cuando la política se mueve sobre supuestos, termina tomando decisiones equivocadas.
Ahora bien, tampoco se trata de vender el fracking como solución milagro. Puede ampliar reservas, sí. Puede mejorar ingresos fiscales, también. Pero no resuelve el problema estructural: la dependencia de un modelo extractivo que sigue sin traducirse en desarrollo territorial.
Ahí aparece la contradicción de fondo. Colombia necesita recursos, pero también necesita cambiar su matriz energética. Y pretende resolver ambas cosas al mismo tiempo, sin una hoja de ruta clara.
Por eso, más que preguntarse si el fracking es bueno o malo, el país debería hacerse una pregunta más incómoda: ¿está en capacidad de gobernar sus propios recursos?
Si la respuesta es no -y la evidencia institucional sugiere que todavía lo es-, cualquier decisión será riesgosa. Prohibir, sin conocer. Permitir, sin controlar. Ambas opciones pueden terminar en el mismo lugar.
El debate, entonces, no es técnico. Es institucional. Y mientras eso no se entienda, el país seguirá dando vueltas sobre el fracking como si ahí estuviera el problema, cuando en realidad es apenas la consecuencia de algo más de fondo.
Columna de Opinión
e-mail: emcastroc@yahoo.com