La indignación se ha convertido en una reacción frecuente, pero no necesariamente consistente. No es que la sociedad haya dejado de indignarse; es que lo hace de manera fragmentada. Se activa frente a ciertos hechos y se desvanece frente a otros, incluso cuando su gravedad es comparable. Esta selectividad no es minúscula: revela una pérdida progresiva de coherencia en el juicio público.
En una democracia funcional, la indignación cumple un papel esencial. Es un mecanismo de control social que permite visibilizar abusos, exigir responsabilidades y activar respuestas institucionales. Sin embargo, cuando esa reacción depende de quién comete la conducta -y no de la conducta misma- deja de ser un instrumento ético y se transforma en una herramienta de conveniencia.
El fenómeno es verificable. Hechos similares reciben tratamientos distintos según su ubicación en el escenario político o mediático. Se exige sanción cuando el responsable es adversario, pero se introducen matices cuando pertenece al propio entorno. Así, el estándar deja de ser jurídico o moral para convertirse en un criterio variable, condicionado por afinidades.
Esta dinámica produce efectos concretos. En primer lugar, distorsiona la percepción de la realidad pública: no todo lo grave logra posicionarse como tal, ni todo lo urgente genera la reacción que amerita. En segundo lugar, debilita la credibilidad del reproche social, pues la crítica pierde legitimidad cuando no es uniforme. Finalmente, profundiza la polarización, al sustituir principios por alineamientos.
En el ámbito político, la rabia selectiva erosiona el control democrático. La vigilancia deja de ser transversal y se convierte en una práctica parcializada. En el plano mediático, la priorización de los hechos no siempre responde a su impacto estructural, sino a su capacidad de amplificación. Y en la ciudadanía, se consolida un comportamiento predecible: se rechaza lo que incomoda y se tolera lo que coincide con las propias convicciones.
El problema de fondo no es la indignación, sino su uso inconsistente. Una sociedad que reacciona por partes frente a fenómenos estructurales termina normalizándolos. La corrupción, la ineficiencia administrativa o el abuso de poder no se reducen cuando se denuncian selectivamente; por el contrario, encuentran margen para reproducirse.
Este comportamiento tiene además un efecto acumulativo. Cada vez que se relativiza un hecho por razones políticas o ideológicas, se envía un mensaje implícito de permisividad. Lo que hoy se justifica por conveniencia, mañana se convierte en práctica recurrente. Así se construyen los estándares informales que terminan desplazando los criterios formales. La responsabilidad no recae únicamente en la dirigencia política, también compromete a los medios de comunicación y a la ciudadanía. La forma en que se seleccionan los temas, se jerarquizan los hechos y se construyen narrativas incide directamente en la percepción colectiva de lo aceptable y lo reprochable.
Superar esta distorsión exige recuperar un principio básico de convivencia institucional: los hechos deben evaluarse por su naturaleza, no por la identidad del actor. La legalidad no admite excepciones, la transparencia no puede exigirse de manera intermitente y la responsabilidad pública no es negociable.
Colombia no requiere más episodios de indignación coyuntural, intensos pero transitorios. Se necesita una indignación estructurada, sostenida y coherente, capaz de trascender la lógica de bandos.
Columna de Opinión
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