El 7 de agosto de 2022, en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro delineó una hoja de ruta ambiciosa: paz total, justicia social, transición energética, lucha contra el hambre y transformación del modelo económico. Su discurso de posesión no fue retórico en lo superficial; por el contrario, planteó compromisos concretos que hoy, a casi cuatro años de gobierno, deben ser evaluados con rigor técnico y sin concesiones discursivas.
En materia de pobreza y hambre, el gobierno propuso erradicar el hambre en Colombia. Sin embargo, cifras del DANE evidencian que, si bien la pobreza monetaria ha mostrado reducciones marginales respecto a los picos pospandemia, la inseguridad alimentaria sigue afectando a millones de hogares. Informes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) han advertido que cerca del 30% de la población enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria. La política social, aunque ciertamente ampliada en cobertura, no ha logrado consolidar una reducción estructural del problema.
En cuanto a la “paz total”, uno de los pilares del discurso presidencial, los resultados son mixtos y, en varios frentes, preocupantes. Si bien se han abierto mesas de diálogo con distintos grupos armados, la persistencia de economías ilegales y el recrudecimiento de la violencia en regiones como el Pacífico y el Catatumbo evidencian una implementación fragmentada. Datos de la Defensoría del Pueblo y del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) reflejan un aumento sostenido de alertas tempranas y hechos de violencia en territorios históricamente vulnerables.
En el ámbito económico, la promesa de una transformación productiva ha enfrentado limitaciones estructurales. El crecimiento económico, según cifras del DANE, ha mostrado una desaceleración significativa después del rebote pospandemia, situándose en niveles cercanos al 1% en 2023 y con proyecciones moderadas para 2024 y 2025. La inflación, aunque ha cedido desde sus máximos, afectó de manera directa el poder adquisitivo, particularmente en alimentos. Esto contradice parcialmente la promesa de estabilidad económica con justicia social.
Uno de los puntos más sensibles ha sido la transición energética. El discurso de posesión de Petro planteó la necesidad de superar la dependencia de los hidrocarburos. No obstante, las cifras del Ministerio de Hacienda muestran que el sector petrolero sigue representando una proporción significativa de las exportaciones y del recaudo fiscal. La ausencia de una estrategia clara de sustitución de estos ingresos ha generado incertidumbre en los mercados y en la inversión extranjera, afectando la confianza empresarial.
En el frente agrario, la promesa de una reforma estructural también enfrenta rezagos. Aunque es pertinente indicar avances en compra de tierras y formalización, los resultados no alcanzan la magnitud esperada frente al déficit histórico. El acceso efectivo a tierra productiva, asistencia técnica y crédito sigue siendo limitado para amplios sectores campesinos. La brecha entre el anuncio y la ejecución continúa siendo un obstáculo central.
El problema no es la ambición del discurso, sino la distancia entre lo anunciado y lo ejecutado. Colombia no necesita más diagnósticos ni más promesas; requiere resultados verificables, medibles y sostenibles. La confianza ciudadana no se construye con intenciones, sino con cumplimiento. Más trabajo y menos polémica: esa es la deuda.
Columna de Opinión
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