Dos hechos produjeron esta semana alegría y rabia en los colombianos. El primero, las imágenes conmovedoras de la liberación de nuestros policías después de 14 años de tortura en manos de la Farc y el segundo, el engaño a que fueron sometidos públicamente la familia Salabarría Moreno con el proceso de restitución de tierras en Montería. Nada peor que imaginarse a una familia campesina con su título bajo el brazo sin poder pisar su tierra. En ambos casos, la indignación es general.
El hecho más lamentable, es que el presidente Santos haya premiado esta semana al autor intelectual de esta artimaña, nombrándolo como nuevo director del Incoder. Por lo visto presidente, usted no reflexionó sobre estos delicados asuntos que desdibujan su buen gobierno.
Decía en mi anterior escrito que la culpa de la crisis del sector agropecuario no había que buscarla en factores externos como los climáticos, caída del dólar, precios, etc., sino en la falta de competitividad, tanto del sector agrícola como de las instituciones públicas que administran la política agraria. El ministro de agricultura sigue empeñado en unos modelos teóricos que no llegan ni pueden ser aplicados por nuestros campesinos. Si no implementa esquemas simples y prácticos, veo muy difícil que esta locomotora jalone este importante sector de la economía nacional.
En Colombia tenemos alrededor de 11 millones de campesinos que no superan un ingreso de 320 mil pesos mensuales, porque no pueden desarrollar un proyecto productivo rentable, debido a que no tienen un título de su tierra que les permita ser sujetos de un crédito, no cuenta con un servicio de asistencia que les enseñe nuevas ideas de rotación de cultivos y selección de semillas, además de no garantizarles un precio justo de sus cosechas en el mercado.
Presidente, para resolver este problema solo hace falta que su gobierno implemente esquemas prácticos de formalización de la propiedad rural (reduciendo a cero pesos el costo del trámite de titulación); crear y dotar a una red de escuelas superiores técnicas y agrícolas que sean de vital importancia en el avance de la investigación agrícola y en la enseñanza de sucesivas generaciones de agricultores; instituir un servicio de extensión agrícola (con fondos provistos por el gobierno) para establecer oficinas en cada municipio e ir de finca en finca a mostrar las nuevas ideas que pueden ayudar al campesino a mejorar su producción e ingreso; implementar un sistema Nacional de presas y canales de irrigación que proporcione agua a precios subsidiados a los agricultores; implementar un nuevo sistema de crédito agrario ágil y oportuno con un sistema de hipoteca rural e impulsar un sistema de garantía de precios y comercialización.
Aquí no podemos seguir engañándonos con esta política agraria, las cosas hay que llamarlas por su nombre. La agricultura en Colombia debe ser vista como un concepto de "agroindustria" que incorpore a cooperativas agrícolas, empresas fabricantes de equipo, bancos rurales, transportadores de productos agrícolas, comerciantes, industrias procesadoras de alimentos, cadenas de supermercados, y muchos otros negocios.
Una última reflexión: Winston Churchill decía: "El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones".