Los episodios de las últimas semanas alrededor del sistema de justicia y de algunos de sus operadores, concretamente los relacionados con las mutuas denuncias entre las Salas del Consejo Superior de la Judicatura; el carrusel de las pensiones en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria; el abominable texto de reforma constitucional a la justicia; el tema inconcluso de la señora Fiscal General de la Nación; ciertas investigaciones penales en curso y el fallo de dos inéditos magistrados en el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, nos están llenando la tasa a neófitos y expertos en aquellos temas del régimen judicial.
De una parte hay paradójicamente cierto esmero, pero también cierta aterradora lentitud, en el trámite de asuntos de tanto calado como los vinculados a la llamada "parapolítica", que parecieran no tener fin, notándose también patente falta de interés en avocar las indagaciones de ese otro fenómeno conocido como la "Farcpolítica", como si lo indicado no fuese pasarlas por idéntico rasero dadas las connotaciones que tiene.
Y en Colombia hay masacres con padrinos influyentes y entonces las indagaciones van a paso de tortuga y otras, al parecer con autores connotados, duermen el sueño de los justos en los archivadores oficiales.
Para abundar un poco más en la gravedad de los sucesos, bastaría registrar la ya enfadosa morosidad que exorna en general a la administración de justicia, de la que es campeona la jurisdicción encargada de sacar adelante el proceso de "Justicia y Paz" en que, de años atrás, se haya comprometido el Estado en representación de la sociedad.
Ingentes recursos de todo orden han sido destinados a ese barril sin fondo de la costosa burocracia encargada de adelantarlo: fiscales, jueces, magistrados, procuradores, investigadores, etc., para dar como resultado la pinche cifra de siete sentencias.
El proceso de "Justicia y Paz", hay que decirlo, es un sonoro fracaso como arruinada está la justicia misma. Para decirlo en forma ligera, esto hasta ahora ha sido una solemne y onerosa chambonada.
Pero lo que ya llenó la tasa fue la sentencia en contra del coronel Plazas. Trátase de un "craso error judicial" según lo ha señalado su abogado defensor, Jaime Granados Peña; para otros como este servidor bien se podría estar ante un prevaricado monumental del tamaño de la Catedral de Manizales.
En todo caso el descontento es grande y este se ha reflejado en innumerables editoriales y artículos de prensa, en comentarios en las redes sociales en las que, obviamente, también han celebrado partidarios del aherrojamiento de la dignidad nacional, según lo dictan las villanas órdenes de los magistradillos que prenden postrar de rodillas a las Fuerzas Militares de la República y poner en el cadalso al expresidente Belisario Betancur. Nada de eso sucederá porque las mayorías nacionales nos oponemos y no habiendo Picota para tantísima gente, en tal caso habrían de darnos por cárcel el territorio nacional entero.
Vistas las cosas como están, en general en Colombia está ausente la justicia, no la hay confiable, ni pronta, ni cumplida, sus operarios están en entredicho y pareciera que donde mejor se sienten es en congresos, simposios y piquetes. En contra de eso nos estamos sublevando y tarde que temprano habremos de recurrir a una Asamblea Constituyente para reordenar el sistema.
Tiro al aire: y la cosa no es como la propone la izquierdista Asonal judicial. Nadie está atentando en contra de la autonomía de la Rama Judicial, ni en contra de la independencia de los jueces.
Lo que no se quiere es una Rama Judicial derrochadora y sin resultados, como tampoco la presencia de funcionarios transgresores de la ley, de la ética, de la moral, de las buenas costumbres ciudadanas, morosos, o incapaces, o mamertos.