Las Asambleas Departamentales, según el Artículo 299 de la Constitución Política, son corporaciones de elección popular, que ejercen control político sobre los actos de los gobernadores, secretarios del despacho, gerentes y directores de institutos descentralizados. El objetivo de estas es fortalecer la institucionalidad del gobierno departamental y promover el progreso en la región. Pero, el logro de este propósito no es lo que ha distinguido a las asambleas del Magdalena, últimamente. Todo lo contrario, se observa como algunos diputados mediante la conformación de bloques de mayorías, en lugar de defender los intereses de la ciudadanía, exigen burocracia y otros beneficios ante los gobiernos de turno para conceder amplias facultades para contratar. Una minoría, batalla contra esta aplanadora para preservar la poca legitimidad que queda de esta corporación. Cabe preguntar ¿al servicio de quién está la Asamblea del Magdalena? Está claro que, al servicio de la ciudadanía no. Con sus componendas, las mayorías han logrado silenciar el debate público frente a proyectos que, no solo son lesivos para el Departamento, sino que han favorecido las conductas corruptas en las instituciones sobre las cuales deberían ejercer control.
La asamblea recién posesionada parece ir por el camino de sus antecesores: secuestrada por una mayoría que se niega a que la corporación ejerza sus funciones de control al ejecutivo. Esto ha quedado comprobado con la decisión de rechazar la proposición de la minoría -encabezada por Ángela Cedeño y Yohan Pinedo-, para citar a funcionarios responsables de la estructuración y ejecución del contrato de “Prestación de servicios de asesoría jurídica integral y acompañamiento en los procesos de titulación gratuita de bienes fiscales de propiedad del Departamento del Magdalena en los municipios Santa Ana, Ciénaga, Zona Bananera y el Distrito de Santa Marta” (Contrato PS-1004-2023). Este contrato por valor de $1.440 millones fue adjudicado en septiembre/2023 a la empresa HBG Asesorías Técnicas y Jurídicas S.A.S., cuya fecha de terminación era el 31/dic/2023. La minoría, advierte que pese a estar vencido el plazo de ejecución y haberse cancelado el 80% de su valor, el contrato no ha empezado a ejecutarse. Razón suficiente para ejercer el control político.
Además de los interrogantes de la minoría, es oportuno preguntar al anterior Gobierno, por qué contratar esta asesoría, si en el año 2021 se firmó un convenio cuyo objeto era “Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento del Magdalena para adelantar procesos de saneamiento y cesión a título gratuito, en los términos establecidos en la Ley 1955 de 2019, y las normas que la modifiquen o reglamenten (787 DE 2021 | Minvivienda).” Este convenio, tenía un periodo de ejecución de 3 años y cubría las actividades de asesoría contratadas mediante el PS-1004-2023. Pero lo más importante, con cero costos para el Departamento.
La asistencia y acompañamiento técnico por parte de Minvivienda, tenía como ventaja para el Departamento, además de apoyar el desarrollo de las actividades previstas en los inmediatos procesos de titulación, facilitar la generación de un importante capital técnico a través del intercambio de conocimientos, los cuales serían aplicables para la entidad en el futuro, y eventualmente, para apoyar a municipios que buscaran adelantar procesos de esta índole. Entre los compromisos de Minvivienda, se pueden destacar: “Asistencia y acompañamiento al Departamento, en los documentos jurídicos que se requieran para tramitar ante las corporaciones administrativas del orden territorial autorizaciones o exenciones.”
Al parecer, este posible descalabro no es de interés para la mayoría de la Asamblea. Tampoco lo fue el debate propuesto por la minoría para indagar sobre el contrato de APP-001-2023, para el cual, aún no se ha justificado el pago de $2.7 billones (obras propuestas no justifican $800.000 millones) mediante la cesión de 30 años del recaudo del peaje Ciénaga-Barranquilla. Parecería que estos personajes llegan a estas posiciones no para ejercer control político, sino para hacer beneficiarse económica y burocráticamente mediante un proceso extorsivo que, al parecer, ha quedado institucionalizado.