La fecha es coincidencia y gran ironía. El 8 de febrero mientras la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchaba argumentos a favor y en contra de remover a Trump del tarjetón electoral del estado de Colorado, en Colombia unas marchas convocadas por el presidente Petro sitiaban y secuestraban a los magistrados de la Corte Suprema de Colombia. Un presidente incitando a la violencia contra su igual jerárquico.
Hay paralelos y diferencias entre ambas situaciones. En el caso Trump, el estado de Colorado alega que no puede ser candidato presidencial porque en la toma al Capitolio del 6 de enero de 2020, Trump intentó evitar la transición pacífica del poder, en lo que es categorizado como insurrección. En el caso Trump ni los hechos ni la ley están de parte del estado de Colorado. Es una jugarreta política para evitar la llegada de Trump a la Casa Blanca por el terror que genera en los progresistas del mundo.
En Colombia, por el contrario, Petro fue el convocante de marchas para intimidar a la Corte Suprema y forzarla a elegir un Fiscal de bolsillo que garantice impunidad de él y de los suyos. La incitación a la violencia es clarísima, y la hizo so pretexto de defender la democracia, alegando una supuesta ruptura institucional.
La democracia se caracteriza por elecciones libres, por contrapeso de poderes y porque nadie está por encima de la ley. Las tres cosas deben estar presentes para que haya democracia. El entendimiento de Petro se limita a la primera. En su criterio, defender un resultado electoral justifica aplastar a las otras dos ramas del poder público y así romper el equilibrio de poderes y lograr él estar por encima de la ley. En la mente de Petro, el resultado electoral que le dio la presidencia es incuestionable incluso si hay evidencias que colocan en duda la legitimidad del resultado.
Por si fuera poco, no acepta el control a sus actos que por mandato legal le hacen las otras ramas del poder público, y recurre a la intimidación y deslegitimación, en este último caso, dándoles una connotación política con motivaciones non sanctas. De aquí surge la idea absurda y enfermiza del golpe blando y de la ruptura institucional. Suspender a un Canciller presuntamente corrupto no es ruptura institucional, y si no le gusta la decisión, pues tramite su inconformismo por vías institucionales. Si la Procuraduría no tiene competencia, esto debe decirlo una corte y no Petro, o cambie la ley.
La alegada ruptura institucional también consiste en que Petro está convencido de que fue elegido monarca absoluto, y por tanto tiene patente de corso para hacer lo que le provoque, y que su poder es ilimitado y no puede ser controlado por nadie. Los únicos actos orientados a romper la institucionalidad en Colombia han provenido de Petro y nadie más.
Quedan flotando preguntas sobre el porqué del comportamiento de Petro. Creo que convergen distintos factores que producen este peligroso coctel toxico de paranoia. El primero es la crasa ignorancia de la estructura del estado y de lo que es una democracia, y el convencimiento de que la supra estructura es producto del capitalismo y debe ser cambiada. El segundo, es una paranoia producto de desequilibrios mentales y emocionales, probablemente exacerbados por la adicción a sustancias psicotrópicas que además distorsionan su percepción de la realidad. Lo he dicho antes, y lo repito, Petro sufre de una seria enfermedad mental que lo hace incompetente para ser presidente. Y, por último, la necesidad patológica de la confrontación y el conflicto. Estos tres factores son interdependientes y se alimentan mutuamente. Petro no puede gobernar por todo lo anterior.
Colombia es gobernada por un pirómano demente, y tendrá que suceder algo grave para que el país reaccione.