En año y medio de gestión Petro y su gabinete no han podido ni siquiera dibujar las directrices del cambio prometido. El presidente continúa malgastando su tiempo y esfuerzo en un ejercicio constante y pugnaz de mensajes que solo develan sus delirios ideológicos y evidencian su incapacidad de percatarse de las realidades que nos apremian como sociedad. Por ello, todos los escenarios a los que ha acudido han sido improductivos y dejado la inquietante impresión de una incapacidad irremediable para las tareas de gobierno.
Su inicial llamada a un acuerdo nacional carece aún de contenidos, y los encuentros con la oposición o con otros sectores de la vida nacional solo han servido para registros fotográficos en los medios de comunicación. En el trámite de sus proyectos de reformas en el Congreso ha prevalecido el relacionamiento transaccional y espurio con sus miembros que pretende continuar en las sesiones que se avecinan, sin consideración de las observaciones y críticas señaladas por voces y organizaciones autorizadas y consternadas por sus falencias y desaciertos.
Recientes nombramientos en la Uspec, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en los Servicios Postales de Colombia y en el Ministerio de las TIC alimentan la codicia de congresistas del partido liberal, aún incapaz de despojarse de su condición de partido de gobierno, y de conservadores, de la U, de Alianza Verde o de En Marcha, siempre prestos a participar en las tómbolas de puestos y contratos dispensados por el gobierno. No importa que el sistema de salud colapse, que las pensiones resulten impagables o que la informalidad laboral siga extendiéndose a la mayoría de los colombianos.
Las intenciones de Petro van más allá de la coyuntura. En medio de la apabullante crisis desatada por los incendios en todo el país y pobremente enfrentados por el gobierno, el presidente incita a la izquierda a la unidad que permita la continuidad del gobierno progresista en el 2026. Entiende que esa unidad facilitaría sumar el poder de todas las organizaciones criminales en los términos de una paz total que les reconozca personería y participación en la política, necesarias para ganar y permanecer en el gobierno.
La creciente permisividad con las violaciones de los ceses al fuego y su desinterés por la puesta en marcha de los mecanismos de verificación indican la naturaleza y alcances de las negociaciones en curso. No importa al gobierno que la violencia recrudezca con combates, desplazamientos de poblaciones inermes, extorsiones, confinamientos y asesinatos de civiles, ni lo conmueve que Antonio García amenace que “sin financiación no suspenderán los secuestros”, en proceso que carece de compromiso de entrega de las armas al final de la negociación.
Nuestro futuro depende de la fortaleza de las instituciones y del respaldo de la ciudadanía a sus decisiones. Las disposiciones del Senado, de las Cortes y la capacidad de gobernadores y alcaldes en el cumplimiento de sus mandatos son los elementos cruciales para el mantenimiento de las libertades y la aprobación de las reformas institucionales que eviten el empoderamiento de los instrumentos de sujeción del ciudadano al poder.
Evitemos pasar del fallido “cambio en primera” al cambio en reversa que se prepara.