El 2023, fue un año con muchos indicadores desfavorables para el sector agrícola. El PIB agropecuario no superó el 1.8% en crecimiento; el programa de compra de tierras tuvo apenas una ejecución del 13,6%; las exportaciones agrícolas disminuyeron un 13,7%; los precios al productor cayeron el 5,79% y el crédito agropecuario decreció el 13,4%.
Obviamente, estas cifras negativas obedecen a la ausencia de una política pública orientada a la productividad del campo y rentabilidad de los agro negocios. En repetidas ocasiones, he recomendado al gobierno, a través de este espacio, la importancia de orientar los recursos del presupuesto del ministerio de Agricultura, a incentivar la inversión en biotecnología agrícola, mecanización de cultivos, sistemas de riego, emprendimiento rural y cobertura de riesgos, para sacar el campo de la ineficiencia en que se encuentra y comenzar a tener algún protagonismo en la competitividad agrícola de la región.
En materia de política de crédito agropecuario, tampoco atendieron mis recomendaciones, cuando advertí a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario -CNCA-, la inconveniencia de modificar la política de crédito agropecuario que venía creciendo sosteniblemente.
La historia es la siguiente. En diciembre del 2022, la CNCA, presidida por el ministerio de Agricultura e integrada por el ministerio de Hacienda, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y los delegados del Banco de la República, Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Presidencia de la República, tomaron la desacertada decisión de aprobar un monto de 20 billones de pesos en créditos para el sector agropecuario en el 2023, cuando en el 2022, se habían colocado 28,6 billones de pesos. Literalmente aplicaron la teoría del decrecimiento económico que tanto le criticaron a la exministra Irene Vélez.
No contentos con la anterior embarrada, limitaron a $10 mil millones por año, los cupos de créditos a las grandes agroindustrias e hipermercados del país. Imagínense la frustración de la industria láctea, molinos de arroz, Snack o de alimentos balanceados, entre otras. A todas les tocó salir a buscar 4,8 billones de pesos, a través de cartera ordinaria, para poder comprar las cosechas a los productores del campo. Estas cosas solo suceden en Colombia, en los demás países del mundo, el cupo de endeudamiento de cualquier empresa, lo establece la banca de acuerdo a sus ventas, endeudamiento y Ebitda.
La tercera metida de pata, fue clasificar a los productores del campo en 8 categorías con condiciones financieras distintas, lo cual desmotivó a la banca prestar dinero al sector rural. Además, cometieron el mal cálculo de habilitar los subsidios de tasa de interés después de los calendarios de siembras y asignarlos a comunidades que no son sujetas de créditos. Esta cadena de errores, hizo que el monto de los créditos de Finagro, se cayeran en 3,9 billones de pesos, respecto al año 2022.
Afortunadamente, existe el Banco Agrario, quien a pesar de todas esas dificultades, colocó solito el 56% de los recursos de créditos destinados a los pequeños y medianos productores ($4,4 billones) y el 18% del monto total de los créditos desembolsados al sector agropecuario del país. Las 48 entidades bancarias privadas hicieron el resto de la tarea. Ojalá esta vez escuchen y corrijan los errores.