“Colombia cae 36 puestos en índice de Estado de Derecho y tiende a empeorar”. Con ese título, en letras destacadas divulga la noticia un diario importante capitalino, en la edición del 20 de noviembre que cursa. ¿Cuántos ciudadanos en Colombia habrán leído el texto de esa información? Y ¿A cuántos les habrá preocupado el espectacular descenso del país en tan esencial elemento del orden social? Difícil conocer ese guarismo. El colectivo ciudadano, atrapado en pasmosa frivolidad, parecería interesarse más por los fútiles, los pedestres menesteres de la prosaica cotidianidad que por los valores sustanciales sobre los que está edificada la estructura del Estado colombiano.
En densos sectores y diversos estratos y estamentos de la opinión nacional la fijación mental está radicada con pasión delirante en estadios, ciudades, actores y campeonatos o competencias deportivas con abstracción plena de las cuestiones que, para la existencia y el futuro de un pueblo son las que deben ocupar el lugar prioritario de análisis. Esa distorsión en la escala de los factores denota la degradación psicológica de los integrantes de una comunidad humana, que en comportamiento y en anhelos tiende a parecerse a la envilecida cáfila que, en época pretérita -que parecía superada- se conformaba con que el tirano de turno demagógicamente satisficiera los apetitos de la turba ignara, vociferante y troglodita dándole “pan y circo”. Espectáculos, leones y gladiadores. Especímenes humanos batiéndose contra fieras sanguinarias y hambrientas convertidos en “tiras de piel, cadáveres de cosas”. Decaimiento espiritual y anímico de gravedad inmensa. Que enerva el intelecto y lo esteriliza para medir las nefastas consecuencias que Colombia sufre al decrecer treinta y seis puntos en la medición del índice de vigencia del Estado de Derecho y democracia. Una sociedad insensible ante tal situación, con el anuncio agravante de que ella puede ser peor, es una nación que transita hacia la inviabilidad. ¿Cómo y quién encausa a un caudal de individuos en un tremedal caótico desinstitucionalizado?
En la ciencia jurídica y en politología es suficientemente sabido que, donde no hay Derecho, no hay sociedad. Porque la organización del conglomerado ciudadano es esencial para que exista sociedad, y esa organización o ese orden lo impone la normatividad jurídica que regula la conducta de los asociados sometidos a ella. Un grupo humano sin organización, sin orden, conforma un amasijo de personas en estado inorgánico, y solamente se convierte en sociedad cuando pasa a ser un grupo orgánico, súbdito de reglas imperativas de obligatorio cumplimiento, es decir, cuando acata el ordenamiento jurídico. Es la síntesis doctrinaria que emana de los brocardos latinos ubi societas ibi ius, o ibi ius ubi societas. Los dos enunciados sinalagmáticos contrapuestos.
Que, según la Corporación Proyección de Justicia Mundial (PJW), Colombia haya aterrizado en los últimos puestos entre 142 países en matera de Estado de Derecho y de Democracia, es tan peligroso o nocivo como que su crecimiento económico esté en -0,3% en el trimestre que cerró en septiembre 2023. Y constituye desplome vergonzoso de la imagen del país ante la comunidad internacional. Nuestra patria era considerada una nación con democracia sólida y organizada jurídicamente. Tristemente, ahora ocupamos ubicación colera en el concierto universal. Y ostentosamente nuestra Constitución Política, en su artículo 1º. expresa: “Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, …democrática…” Concepción teórica ideal, eximia, pero en la retaguardia extrema entre los Estados en los que se predica y cumple ese sublime anhelo.
Qué antinomia tan evidente muestra el texto transcrito parcialmente de la Carta Superior con el dato publicado por la PJW antes mencionada. Qué contraste marcan los postulados del artículo 1º. de la Carta Política y la incuestionable desinstitucionalización, anarquía, inseguridad e ingobernabilidad que, para infortunio, Colombia padece.