Por temas ligados a mi trabajo, he sobrevolado varias veces los corredores geográficos agrícolas que comprenden el Piedemonte llanero (1,9 millones/ha), la Orinoquía (5 millones/ha) y la Altillanura (13,8 millones/ha), conocidos como la gran despensa alimentaria de Colombia y la esquina de generación de riqueza, peor aprovechada del mundo.
En alguna ocasión, por allá en el año 2018, le comenté al expresidente Iván Duque, la importancia de destinar un paquete de recursos de inversión pública en la construcción de unas buenas vías, puentes y el dragado del río Meta, para incentivar la inversión agroindustrial local y extranjera, en esa extensa zona de producción agrícola. Posteriormente, le entregué al expresidente, un documento con una estrategia de focalización de recursos de créditos (Finagro) e incentivos para ayudar a reducir los costos de enmiendas de suelos, infraestructura de riego y mecanización de cultivos. Cuando un Estado, provee los bienes públicos, reduce el costo país y fomenta la productividad, el sector privado pone el desarrollo.
Mi sueño era impulsar la creación de muchos núcleos agroindustriales en esa región, con pequeños y medianos productores del campo, sujetos de adjudicación de predios de la reforma agraria, pero bajo la figura de Sociedad Comanditaria, para blindar los proyectos productivos a largo plazo y aplicar la economía de escala. La meta era desarrollar unas 500 mil hectáreas nuevas por año, en cultivos de maíz, soya, algodón, palma, arroz, caña de azúcar, marañón, palma de aceite, cacao, ganadería y árboles maderables comerciales. Desafortunadamente, el expresidente le adjudicó la cartera agropecuaria a su Vicepresidenta y al partido conservador. Lo demás es historia.
En otra ocasión, visité a un pequeño productor de papa en Subachoque, Cundinamarca, angustiado por los altos precios de los agroinsumos, combustibles, transporte y arriendo del predio. Para poder cubrir los costos de producción de una hectárea de papa (30 millones de pesos), Reinel Rodríguez, tendría que cosechar 28 toneladas y comercializarla a $1.100.000 cada una. Cuando llegó el intermediario a comprarle la cosecha en campo, le ofreció un millón de pesos por tonelada, lo cual le generó una pérdida en su inversión. Mientras los demás actores de la cadena (banco, intermediario, arrendador, empleados y proveedores de insumos, combustibles y transporte) obtuvieron importantes ingresos con el cultivo de Reinel, a él, le tocó perder 120 días de su trabajo y los pocos ahorros que tenía, para poder cubrir parte de la deuda con el banco.
Para corregir estas distorsiones en el proceso productivo y comercial, hace un año recomendé al gobierno Petro, a través de un documento enviado al despacho del ministerio de Agricultura, expedir una reglamentación sobre las tarifas de arrendamiento rural, asignar un incentivo (ICR) a los costos directos de producción y un subsidio de cobertura de precios, para quienes suscribieran un contrato forward con la industria de Snacks o el comercio formal, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. Desafortunadamente, el gobierno no ha mostrado interés por el fomento a la productividad ni por los núcleos agroindustriales. Lo demás es historia. En nuestro sector público, los problemas rinden más que las soluciones y los ministros de agricultura, duran menos que un cultivo de cebolla cabezona.