Escrito por:
Francisco Vásquez Atencio
Columna: Opinión
e-mail: francisco.vasquez.atencio75@gmail.com
Twitter: @franvasquez_06
Hoy en día los ciudadanos colombianos nos sentimos con una percepción y preocupación de que la seguridad esta descontrolada y no hay norte ni un cause inmediato para combatir o minimizar los riesgos de una población frente a un ataque de grupos ilegales al margen de la ley y se está creando un caos alrededor de ello; sin tener claro la meta clara de una paz total que el actual gobierno quiere.
Hay que mencionar que los expertos en seguridad pública, argumenta que los ciudadanos ejerzan sus libertades dentro de los cauces del derecho y se convierten en un importante instrumento para la gobernabilidad y, en consecuencia, para la competitividad, y el desarrollo social y económico.
Ahora bien, en los últimos años el estado Colombiano en los distintos niveles de gobierno han establecido estrategias y homologado criterios para combatir y prevenir el delito; sin embargo, es indudable que la inseguridad sigue encontrando caminos para reproducirse de manera exponencial en muchos municipios del territorio colombiano.
La inseguridad y la violencia son resultado de un complejo entramado de problemas sociales y económicos relacionados con la pobreza, la desintegración familiar, la marginalidad y los precarios niveles de cobertura en educación, salud, cultura y deporte, así́ como la impunidad en los sistemas de impartición de justicia en Colombia, da tristeza esta terrible situación. Esto genera dinámicas antisociales y la proliferación de fenómenos delictivos que hoy en día constituyen uno de los principales temas de preocupación pública no solamente en el estado colombiano sino de todos los actores que deben tomar políticas en seguridad de forma inmediata.
A ese respecto, las experiencias nacionales e internacionales indican que mantener la paz y el orden público requiere necesariamente de estrategias integrales de corresponsabilidad en seguridad y del destierro de prácticas autoritarias que solo propician miedo y desconfianza, elementos que debilitan el tejido social. La participación ciudadana es crucial en ese sentido, cada persona, cada grupo, y cada organización legitima debe reconocer perfectamente sus derechos, pero también ejercer sus obligaciones como una conducta de responsabilidad y compromiso con su comunidad o territorio.
Así́ pues, para que una sociedad sea corresponsable es necesario establecer condiciones y relaciones de confianza recíproca; y hoy en día sí que están perdidas y sin ningún norte claro, pues así es imposible alcanzar cualquier tipo de metas colectivas. De ahí́ que resulte prioritario crear una agenda de seguridad ciudadana que ponga en primer lugar la protección de las personas, que sea coherente con la idea del desarrollo humano y que se erija como un poderoso instrumento de gobernabilidad.
La seguridad pública, en ese tenor, debe ser multidimensional, integral y transversal; por ello la política en la materia debe basarse en una visión global e incluyente. El propósito es construir esquemas de coordinación y colaboración en todos los niveles de gobierno y con los sectores social, público y privado para que en el corto, mediano y largo plazo, se ofrezca certeza, tranquilidad y protección permanente desde una perspectiva de gobernanza y autentica participación democrática.