La semana pasada les mostré en esta columna un diagnóstico del sector agropecuario cerrando el año 2022. Los indicadores de gestión y las cifras macro del sector, están como los signos vitales de un paciente en una sala de cuidados intensivos con probabilidad de recuperación rápida si se toman las decisiones acertadas en materia de fomento a la productividad, reducción de los costos de producción y comercialización de la producción de alimentos y materias primas.
Durante estos cuatro meses, hemos visto a la ministra de Agricultura, Cecilia López, organizando su equipo de trabajo, adecuando el presupuesto de inversión, analizando la situación de cada región y de cada subsector agrícola. A partir de del próximo mes de enero, ya no queda tiempo, sino para ejecutar, ejecutar y ejecutar. En un país donde el 90% de los agricultores riegan sus cultivos con el distrito de riego de San Pedro, los calendarios de siembras no entienden de trámites burocráticos, traslados presupuestales, decretos ni resoluciones.
Sin duda alguna, el factor más importante para garantizar la oferta alimentaria a 51 millones de colombianos y exportar los excedentes, es el crédito de fomento agropecuario. Si ya sabemos, por ejemplo, que los colombianos consumimos alrededor de 2 millones de toneladas de arroz, pues, hay que garantizarle al sector arrocero (desde ya) un cupo de crédito (Finagro) de unos $ 4 billones, a un plazo de 8 meses con una tasa de interés que no supere el índice de inflación anual y respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías -FAG-.
Para producir todo ese arroz, se requiere sembrar alrededor de 600.000 hectáreas, con una póliza de seguro contra riesgo climático en los meses de abril y septiembre, en los departamentos de Casanare, Meta, Arauca, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Norte de Santander, Córdoba, Cesar y Guajira. Ahí tienen una buena tarea de planeación la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, Finagro, Banco Agrario, Fiduagraria, Upra, ICA, Agrosavia y la Agencia de Desarrollo Rural. El tiempo es su peor enemigo.
Como el período de siembras es en primavera (primera semana de abril) y se comienza a cosechar en agosto, es necesario que el ministerio de Agricultura, conjuntamente con los productores y la agroindustria, implementen un mecanismo de comercialización justo, teniendo en cuenta que todo ese volumen de arroz se compra prácticamente en dos meses y se consume durante el año. Los costos de secamiento, almacenamiento, empaque, transporte y última milla de venta al consumidor final, deben tenerse en cuenta en esta fórmula.
En ese solo ejemplo, ustedes pudieron ver la definición de cinco políticas públicas (la de crédito, ordenamiento productivo, cobertura de riesgo, comercialización y costos de producción), para garantizar la oferta alimentaria de la población colombiana y de paso neutralizar la inflación.
Si este ejercicio lo hace el ministerio de Agricultura, con los demás subsectores agrícolas y pecuario del país, el sector agropecuario será el jugador más importante en la reactivación de la economía y en la generación de riqueza y empleos, en todas las zonas rurales del país. Claramente, esto se logra, si todos los instrumentos de ayudas, incentivos y subsidios, se enfocan bajo el esquema de núcleos agroindustriales.