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Gobernabilidad

Columnas de Opinión
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En Colombia persiste una crisis o un trance es su gobernabilidad que según la coyuntura se acentúa en mayor o menor grado. Dentro de las causas de esta crisis se cuentan el papel del caudillismo en los partidos políticos, el clientelismo o la corrupción.

Además de éstas, se mencionan otras causas que conciernen más específicamente a la relación Estado-sociedad en un marco territorial. En primer lugar, el Estado colombiano estaría todavía en formación y no existiría un consenso sobre su modelo. En segundo lugar, el Estado no habría logrado todavía un control soberano y pleno sobre la totalidad del territorio y existirían áreas con una precaria presencia del Estado. Esta situación se agravaría con los grandes desequilibrios entre regiones en términos de grados de desarrollo, niveles de ingreso, inversión privada y pública. En tercer lugar, la presencia de los grupos armados ilegales impediría el proceso de formación del Estado y de apropiación del territorio por parte de los ciudadanos. En efecto, esos grupos en algunas regiones substituyen al Estado, le disputan el monopolio de la fuerza, de la gestión del espacio público y de la administración de la justicia, e impiden además   a sus habitantes ejercer plenamente su papel de ciudadanos.

Esta conflictividad territorial estaría afectando la gobernabilidad en Colombia y generaría varios conflictos con respecto a la construcción del Estado y del territorio que debilitaría la acción ciudadana participativa. Es conveniente precisar las razones coyunturales y estructurales y que a causa de ellas la gobernabilidad se ve perturbada en tres aspectos principales: el proceso político, la administración del Estado y la legitimidad del gobierno. En cuanto al primero, las presiones ejercidas por parte de los actores armados a los candidatos a elecciones dan lugar a un empobrecimiento del liderazgo político. De igual manera los ciudadanos ven coartada y cuestionada su libertad de elegir. También la incidencia de los actores armados sobre la administración pública, local y regional provoca una disminución de la autonomía del Estado en el uso de los recursos públicos. 

La ineficiencia en el uso de los recursos y la lentitud para responder a las demandas sociales disminuye el respaldo ciudadano a las instituciones y desmejora entonces la legitimidad del Estado. Es importante resaltar que las consecuencias del conflicto armado sobre la gobernabilidad en Colombia, pero más allá de ello nos permite identificar tres puntos esenciales en este problema. El primero tiene que ver con las relaciones Estado-sociedad; el segundo se centra sobre las conexiones del Estado entre los niveles local, departamental y nacional; el tercero caracteriza las relaciones dentro de la sociedad. No sobra decir que en Colombia esas cuestiones que fundamentan la gobernabilidad han sido analizadas y que varios intentos se han llevado a cabo para tratar de resolver esas dificultades. 

Hay un componente que ha jugado un papel importante en la "ingobernabilidad" en que se encuentra Colombia: el "narcotráfico", flagelo que ha penetrado en todas las instancias del Estado (Presidencia, Senado, Cámara de Representantes, gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas, institutos, poder judicial, organismos de control, etc.). Además, últimamente se plantea la existencia de una "narco-guerrilla", es decir, un contubernio nefasto entre narcotráfico y guerrilla, en el que la primera entra a reemplazar a la Unión Soviética en la financiación de las guerrillas en América Latina a cambio de que la segunda cuide los cultivos, el procesamiento y las rutas nacionales del tráfico de drogas.

Es oportuno entonces analizar de qué manera se han desarrollado y examinar si de esos intentos o remedios puede resultar una gobernabilidad distinta. En cuanto al funcionamiento del Estado en los niveles locales, departamentales y nacionales, es importante recordar que, a finales de la década de los ochenta, el Estado colombiano puso en marcha una serie de reformas político-administrativas con las cuales quería remediar los problemas históricos de ineficiencia, falta de presencia en el territorio nacional y falta de legitimidad política. Esas reformas, entre las que se destaca la descentralización en 1986 y la elección popular de alcaldes en 1988, fueron luego fortalecidas con la redacción de una nueva constitución política en el año 1991. 

Los principales rasgos de la Constitución tienen que ver precisamente con la redefinición de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado y por consiguiente con un cierto mejoramiento de la gobernabilidad en Colombia. La Constitución intentó modernizar el mundo político, y aunque su impacto se ha visto limitado a ámbitos específicos (derechos de comunidades étnicas, mundo escolar y laboral, entre otros), logró transformar algunos de los sentidos atribuidos a la relación Estado y sociedad y convertirse en una de las referencias utilizadas por actores colectivos para reivindicar sus derechos.