Todo indica que los efectos del pulso entre Rusia y los Estados Unidos en Ucrania han cobrado consecuencias en América susceptibles de afectar nuestra seguridad nacional y de alterar el proceso electoral en Colombia.
Las declaraciones del ministro Molano dieron lugar a un diálogo con el embajador ruso que se limitó al ámbito de la cooperación militar rusa en Venezuela con la provisión de armamento sofisticado al gobierno de Maduro, cuyos usos y destinos despiertan legitima preocupación que no parece haber sido satisfecha con las escurridizas explicaciones del representante de Moscú.
Por otra parte, no se registró conversación sobre los hallazgos de la inteligencia colombiana que develaron el despliegue de unidades de radioelectrónica de avanzada tecnología en espacios fronterizos, con capacidades de interceptaciones de sistemas estatales y habilitados para actividades de desinformación, de creación de contenidos que manipulen emociones de los electores y de ataques cibernéticos, ya probadas en 2016 contra los EE.UU. y en 2019 en Europa. Nada tampoco se dijo de la existencia de continuos y cuantiosos giros a cuentas de ahorro de ciudadanos de escasos recursos en la antesala de las jornadas electorales. No sorprendió la veloz presencia de la delegación de los EE.UU., presidida por la subsecretaria de estado Nuland, quién enfatizó en “unas elecciones libres y justas”, sin involucramiento de actores externos, y ofreció colaboración para contrarrestar toda forma de intervención indeseable e ilegítima susceptible de alterar la voluntad ciudadana.
Son innegables los intereses políticos foráneos en las elecciones en Colombia. Maduro, Cuba, Nicaragua, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, constituyen la vanguardia de quienes pretenden el ascenso al poder de sectores afines ideológica y políticamente, cuyo triunfo convertiría las elecciones en Brasil en simple trámite y haría irreversible su pretensión hegemónica en toda Latinoamérica. Rusia, China e Irán buscan enraizarse en el hemisferio a manera de amenaza cierta y actual a los EE.UU.
Es un reto enorme e inédito para los colombianos, su democracia y sus instituciones electorales, cuya vulnerabilidad no ha sido atendida y parece acrecentarse con nuevas alarmas que despuntan amenazantes en el horizonte cercano. A la remoción sorpresiva y tardía de los registradores departamentales, se suman las inconsistencias no corregidas del registro de electores, la politización creciente del CNE y el silencio sobre el contrato con INDRA para la elaboración del software aplicable al escrutinio de los votos, su calidad, imparcialidad e integridad. Nada se conoce sobre su elaboración y características técnicas que generen confianza sobre su idoneidad, que difícilmente se acreditará a posteriori con tardía auditoría de los partidos y movimientos el día electoral. No generan confianza ni tranquilidad las observaciones a softwares de la empresa en otras elecciones, como tampoco que sea Petro, de la mano de Enrique Santiago, el único atendido por Indra. Las misiones de observación electoral carecen de competencia para auditar anticipadamente el software, lo que lo convierte en instrumento incuestionable.
Las alarmas de la MOE se suman al desasosiego que no perciben muchos precandidatos ni el señor registrador. Nuestra democracia indefensa bajo amenaza