El comunicado del fiscal Jaimes anunciando que pedirá la preclusión del proceso contra el expresidente Uribe tuvo la recepción esperada por las partes procesales y por el país. No conocemos todavía las razones por las cuales pide la preclusión y tendremos que esperar hasta la audiencia para conocerlas. Sin embargo, desde una óptica puramente jurídica, y con base en lo conocido del proceso, esto era de esperarse.
Lo actuado por el magistrado instructor en la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Reyes, viola de manera grave los principios más fundamentales del derecho penal. Puede afirmarse que el magistrado Reyes junto con Cepeda y compañía armó un Frankenstein, un montaje vergonzoso e indecoroso para inculpar al expresidente Uribe. Por lo tanto, lo que pide la fiscalía es una rectificación necesaria de una injusticia y una reivindicación por parte de la institucionalidad.
No tiene sentido pretender que el Frankenstein de Reyes era una camisa de fuerza que limitaba el accionar de la fiscalía, la cual debía tomar todas las acciones necesarias para formarse su propio criterio y decidir si había causa probable para imputar a Uribe. Por mandato constitucional, la fiscalía tiene el monopolio acusatorio, y en ejercicio de este mandato estaba obligada a practicar las pruebas que Reyes negó practicar y valorar aquellas que Reyes decidió no valorar, o valorarlas debidamente. De la valoración crítica e integral de las pruebas –las recibidas de Reyes y las practicadas por la fiscalía- se infiere que el fiscal Jaimes consideró que Uribe no debió ser imputado, y se infiere que se apartó en algunos casos del criterio de Reyes; la diferencia entre el actuar con apego al derecho de la fiscalía y el actuar por motivaciones non sanctas de Reyes es lo que explica por qué llegaron a conclusiones diferentes.
Todavía falta mucho en este proceso, que apenas comienza. Cepeda y compañía no se quedarán quietos y agotarán todas las instancias nacionales e internacionales para intentar lograr su cometido. Tratarán de ejercer todas las presiones indebidas para cambiar el curso del proceso. Ya fracasaron en su intento inicial, ya que el fiscal Jaimes no cedió ni a la presión mediática ni a la presión de Vivanco. No se dejó intimidar y está actuando en derecho.
En lo que si van ganando Cepeda y asociados es en haber desviado totalmente la atención. Todo el país está hablando de la culpabilidad o no culpabilidad de Uribe, cuando en realidad debería estar hablando de la culpabilidad o no culpabilidad de Cepeda. Todas las energías de la justicia deberían estar enfocadas en determinar si Cepeda utilizó su investidura de senador y de activista de derechos humanos para armar un cártel de testigos contra Uribe. Parentéticamente, noten que el disfraz de activismo de derechos humanos siempre es utilizado por la izquierda para minar las democracias y sacar del camino a quienes les incomodan, tal como lo hace magistralmente, y a cada rato, Vivanco de Human Rights Watch. O ¿Se acuerdan de Caicedo y del grupo inexistente de derechos humanos que exigía que lo protegieran que dizque porque lo iban a matar? Este es el modus operandi.
Para mí, enderezar el proceso implica concentrar la atención en Cepeda hasta determinar si es culpable. El país no puede seguir dejándose distraer de estos sinvergüenzas, que están llenos de malas mañas y de aliados bien posicionados que les ayudan a controlar la narrativa y poner a hablar al país de lo que ellos quieren. Los medios y quienes los consumimos debemos tener mucha más disciplina para no caer en el juego de Cepeda y compañía e inocentemente servirles de caja de resonancia.