Durante los últimos días, se han conocido imágenes de los desórdenes protagonizados por vendedores ambulantes, miembros de la Unidad Defensora del Espacio Público (Udep) y la fuerza pública, quienes, se han enfrentado a raíz de las acciones emprendidas por el Distrito para recuperar el espacio público en distintos sectores del Centro de la ciudad. Los hechos, han generado diversas reacciones que, en su mayoría, cuestionan el actuar del Distrito, por considerar que hubo abuso de la fuerza pública.
Independiente de las percepciones particulares, es preciso resaltar que, si bien, es obligación y facultad de las alcaldías, garantizar el derecho de todos los ciudadanos al espacio público, también es obligación de estas, respetar los derechos fundamentales de los vendedores informales, además de generar alternativas de trabajo digno para estos.
Al respecto, la Sentencia T-90 de 2020, concluyó: […] el deber del Estado de velar por el espacio público no es justificación para que afecte de forma desproporcionada o abusiva los derechos de los vendedores informales, quienes son sujetos de especial protección constitucional dadas las circunstancias de debilidad o desprotección en las que se encuentran. Por lo cual, ante los conflictos que puedan presentarse, la Corte ha indicado que la administración debe procurar por desarrollar políticas públicas que ofrezcan alternativas económicas adecuadas a quienes resulten afectados en los procesos de recuperación del espacio público.”
En ese orden, valdría la pena que la alcaldesa, en lugar de ocuparse en publicitar los cuestionables resultados de encuestas de percepción en favor de su imagen, se concentre en cumplir su obligación como autoridad y servidora pública y, rendir cuentas a la ciudadanía acerca de las acciones que ha liderado para ofrecer alternativas económicas a este sector de la población. ¿Cuáles han sido las estrategias de su gobierno para incentivar la atracción de la inversión privada, la creación de empresas y el fomento a la generación de empleo formal? ¿Cómo espera su gobierno combatir el desempleo (19,6%) e informalidad (63,9%-tercera más alta del país) que afronta la ciudad?
Aunque, la crisis socioeconómica de Santa Marta, se ha agudizado por los efectos de la emergencia sanitaria del Covid-19, lo cierto es que, la informalidad es una problemática crónica que refleja la profundidad del retroceso de la ciudad durante los últimos años. Esta responsabilidad, debe asumirla, tanto el gobierno actual, como sus antecesores. Vale la pena subrayar que, el grupo político que hoy ostenta el poder en Santa Marta, ha gobernado durante tres periodos consecutivos que, suman hasta ahora, diez años. Una “década perdida”, dado los pobres, vergonzantes y costosos resultados en términos calidad de vida de la población y competitividad del territorio.
No obstante, la fáctica incapacidad técnica que han demostrado los gobiernos locales para solucionar la problemática de la informalidad, lo más lesivo, ha resultado ser la doble moral del tratamiento que se ha dado a estos sectores. La población que depende de la economía informal, se ha convertido en un nicho que políticos -y algunos gobernantes-, han explotado en favor de los partidos/movimientos políticos que representan. Estos sectores, han sido en muchas ocasiones, víctimas de la manipulación y/o la extorsión que ciertos grupos de poder, utilizan como medio para ejercer una indebida influencia sobre sus decisiones electorales.
La democratización del espacio público, es una necesidad apremiante para la ciudad, sin embargo, esto no puede lograrse mediante el atropello ni el abuso de las autoridades contra una población que, se caracteriza por ser vulnerable. El Distrito, no puede limitarse a acciones policivas, sin haber agotado los debidos procesos de concertación y ofrecido los planes de reubicación que garanticen la formalización económica y preservación de los medios de subsistencia de los afectados. Como marco de este propósito, es fundamental la construcción de un Plan Especial para el Ordenamiento del Espacio Público, a fin, no solo de definir el modelo de ocupación y aprovechamiento de estas áreas, sino de reducir los desequilibrios urbanos y los conflictos que por el uso de estas se generan.