Desafíos para el Pot de Santa Marta, una ciudad de casi 500 años. Un modelo territorial con alcance limitado

Columnas de Opinión
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El plan de ordenamiento territorial - POT se sustenta en un modelo prospectivo, sistémico e integrado, alrededor del cual se despliegan disposiciones generales y específicas, y se potencian condiciones espaciales, socioecómicas y culturales, del ámbito local y regional, esenciales para el desarrollo de la ciudad y su visión futura. Y en ese sentido la propuesta del “POT 500 Años” parece languidecer cuando se trata del contexto urbano-regional y de las dimensiones urbano-rural, interrelacionas o separadas.
Bajo criterios funcionales, a escala nacional Santa Marta se distingue, junto con Barranquilla y Cartagena, por integrar el Eje Caribe. Como centro urbano uninodal, la primera, y como aglomeraciones urbanas, las otras, sobresalen en aspectos socio-ecosistémicos, marino costeros, infraestructurales, logísticos y de servicios, por mencionar algunos. Esta condición implica incluir y reforzar en el POT planteamientos viables en un marco de competitividad y cooperación, con opciones de asociatividad, inclusive, alrededor de asuntos de desarrollo regional y nacional comunes a los tres distritos costeños.

Desde otra óptica, si bien en las proposiciones del plan se relieva la integración natural e histórica de Santa Marta con los departamentos de La Guajira y el Cesar, no sucede lo mismo con su funcionalidad como capital del Magdalena ni en sus relaciones con los municipios de la subregión norte. En uno u otro caso escasean estrategias de integración y de servicios compartidos, sobre ecosistemas, recursos naturales, -en particular el agua-, amenazas y riesgos, la gestión de residuos sólidos, la dinámica portuaria, la institucionalidad de gobierno y la oferta de servicios, entre otros.

Y hacia el interior de la ciudad, en la perspectiva urbano-rural se debe robustecer el desarrollo y la funcionalidad espacial de las localidades y veredas a partir del reconocimiento, los análisis, actuaciones y tratamientos, en escalas adecuadas.

Por otra parte, el planeamiento territorial del entramado urbano apunta hacia un modelo de ciudad compacta, incluyendo tratamientos diversos y usos mixtos a gran escala. Sobre el particular surgen algunas reflexiones e interrogantes:

Si el área de expansión urbana propuesta en 1999 por el POT “Jate Matuna”, aún vigente, sólo se ha ocupado en un 30%, durante 20 años: ¿Para qué ampliar este suelo? y ¿Por qué se dejan para incorporaciones posteriores ciertas áreas de desarrollo incompleto, cuando éstas las debe incorporar el nuevo POT?

Frente a la ocupación y edificabilidad de los cerros, y dado que ni la invasión, ni la densificación dirigida tienen cabida en el sistema distrital de áreas protegidas: ¿Por qué no se inducen procesos de renovación, redesarrollo y recuperación, llenando vacantes y ocupando el suelo de expansión disponible?

Y por último, a propósito de la delimitación del entorno urbano a partir del perímetro de servicios públicos: ¿Por qué no se incorporan planes maestros ni se definen infraestructuras en el área de expansión ni en la malla a compactar? Este evento desde ya sugiere la no viabilidad del plan analizado.

En cuanto a lo rural el modelo de ocupación estimula el desarrollo agro-productivo y turístico, y, asimismo, crea franjas de borde para contener la expansión y asegurar la densificación del perímetro urbano. Pero, no se capta el umbral ni los cálculos del índice máximo exigido por la ley para los suelos suburbanos propuestos, ni la relación entre los usos de éstos con el modelo trazado. Otras incertidumbres afloran ante los estudios básicos de los centros poblados y frente a ciertas imprecisiones en el tratamiento y caracterización de los corregimientos.

Para cerrar, el estudio de la huella urbana del DNP con la Universidad de New York, junto con los criterios oficiales de la nueva ruralidad, pueden aportar diversas perspectivas al POT.