Tremenda confusión la que ha creado el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en los gremios de la producción agropecuaria con el anuncio de que va a destinar al sector rural un presupuesto de inversión $227.4 billones en los próximos cuatro años. En 20 años que llevo trabajando para el sector agropecuario, nunca había visto un presupuesto de inversión tan alto.
Según el DNP, de estos $227.4 billones, que serán invertidos en el sector rural, el 89.5% serán ejecutados a través de varios ministerios y el 10.5%, ($24 billones), por el Ministerio de Agricultura, en unos programas de inversión descritos en el documento base del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, de poco impacto en el sector.
Con esta millonaria asignación de recursos a la cartera del agro ($6 billones anuales), se podrán construir 10 represas del tamaño del Ranchería o financiar 80.000 hectáreas de riego anuales; construir 691 centros de emprendimiento agropecuario en los municipios rurales del país para capacitar unos 35.000 jóvenes anuales en buenas prácticas agrícolas o pavimentar los 27.577 kilómetros de vías terciarias que están a cargo de la Nación.
Con esa chequera, se podrá montar un programa de subsidio a las coberturas de precios de los cafeteros y los commodities de alimentos e insumos agrícolas, para asegurar la renta de los productores. También podrá garantizarse el subsidio de las pólizas del seguro agrario para dos millones de hectáreas de cultivos semestrales, financiar un programa de chatarrización de maquinaria agrícola, subsidiar los gastos de los trámites de formalización de títulos dos millones de predios rurales de pequeños campesinos y construir 20 modernos centros de biotecnología agrícola y pecuaria en el país.
La verdad sea dicha, de eso tan bueno, no dan tanto. Lamentablemente la realidad es otra. Mientras el DNP anunciaba por las redes sociales y medios de comunicación esta millonaria inversión para el cuatrienio, el presupuesto aprobado al ministerio de Agricultura para este año, solo alcanza un monto de 2.3 billones de pesos, de los cuales, no le han girado un solo peso al ministerio de Agricultura, para comenzar a ejecutar los programas de inversión y de ayudas al sector agropecuario de este año.
El pasado jueves, el ministro Valencia, no hallaba como explicarles a los productores de arroz del Meta y Casanare, por qué no había recursos para subsidiar el seguro agrario en pleno fenómeno de El Niño, ni para subsidiar la línea de crédito para renovación de cafetales, compra de maquinaria agrícola, retención de vientres y su programa bandera “Agricultura por contrato”. Como los calendarios de siembras no saben de trámites presupuestales, los agricultores tendrán que financiar nuevamente sus siembras de marzo y abril, con las casas comerciales a un costo financiero muy alto.
Tiene toda la razón el ministro Carrasquilla, en proponer la unificación del Presupuesto General de la Nación en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con esta descoordinación del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Agricultura, no se va a poder mejorar la focalización, la calidad del gasto público y su impacto en el desarrollo agropecuario.
Sólo el que recauda el dinero, sabe cuánto, cómo y cuándo gastárselo.